Tucumán - El gobierno provincial negoció con bancos locales tenedores de bonos de deuda pública tucumana una postergación del pago de los vencimientos por 180 días. Esta medida sirvió para evitar una posible serie de juicios que complicarían aún más el panorama del gobierno de Julio Miranda, que en el plano local decidió derogar la polémica ley que reestructuraba la Fiscalía Anticorrupción.
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A través de un convenio firmado esta semana, Tucumán postergó el pago de los títulos públicos que cotizan en el mercado interno.
Se trata de los títulos eurobonos -u$s 400 millones emitidos en 1998 por el gobierno de Antonio Bussi-, cuya serie 3 se pagará bajo nuevas condiciones. Aún queda en el debe concretar idénticas tratativas con los tenedores extranjeros de los títulos provinciales por alrededor de u$s 50 millones.
Durante los próximos 180 días, Tucumán desafectará $ 40 millones de su coparticipación que serán destinados a la operación de canje de bonos y a las finanzas provinciales en general.
Cabe recordar que Tucumán cayó en default -a pesar de que sus autoridades no lo admitieran públicamente-poco tiempo después de que lo hiciera la Nación en diciembre pasado, cuando admitió que ya no tenía recursos para afrontar el pago de sus obligaciones financieras. Al 30 de abril pasado, la deuda tucumana en títulos llegaba a u$s 137,5 millones y, según explicó el ministro de Economía, con la reestructuración de los pagos la provincia se evitó afrontar juicios por esta deuda impaga. •Derogación
En el plano político, Miranda decidió volver atrás con la polémica Ley 7.204 sancionada por la Legislatura que modificaba la estructura de la Fiscalía Anticorrupción sacando de su puesto al fiscal Esteban Jerez -que llevaba adelante varias investigaciones contra la Legislatura- y reemplazándolo por otros tres colegas.
A través de un decreto de necesidad y urgencia, Miranda decidió dar por terminado el tema, que le había significado un caos político luego de que la oposición convocara a varias marchas contra su gobierno.
El principal argumento de Miranda fue la objeción planteada por la Suprema Corte de Justicia provincial, que la semana pasada dictó una medida cautelar suspendiendo la aplicación de la Ley 7.204, hasta que no resuelva una acción de inconstitucionalidad planteada contra la norma.
El ratificado Jerez expresó al respecto que la medida de Miranda significa la aplicación de «los mecanismos de control de la democracia en su más pura expresión», en relación con lo que entiende fue la participación ejerciendo presión de la comunidad en el conflicto.
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