«La actividad pesquera se encuentra concentrada en grandes grupos económicos que, en connivencia con los distintos funcionarios de turno y mediante prácticas que nada tienen que ver con el desarrollo de una actividad legal, depredan nuestros mares, imponen el precio y la modalidad de compra, generan monopolios y obtienen el uso exclusivo de la infraestructura portuaria. Todo ello sería imposible sin la participación activa de los distintos funcionarios de la Secretaría de Agricultura, así como así también de las direcciones de pesca provinciales.» El análisis forma parte de la próxima denuncia que lanzará el partido de Elisa Carrió, el ARI.
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El trabajo, crítico con todas administraciones desde los '90, destaca varios puntos en base a las actuaciones del Consejo Federal Pesquero, de la Sindicatura General de la Nación y el INIDEP:
• Según la Auditoría General de la Nación, «los representantes de las provincias suelen votar en función de los intereses empresariales y laborales que afectan a sus provincias, desentendiéndose o no de la conservación de los recursos ictícolas».
• «Las Cámaras empresarias y los gremios de la actividad pesquera integran una Comisión Asesora Honoraria, obteniendo de esta manera un ámbito institucional donde pueden expresar sus posiciones. Esta composición permite, según la AGN, en los hechos incidir directamente sobre los consejeros, presionando así más directamente a favor de sus intereses sectoriales concretos.»
• La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación « otorgó permisos mediante un formulismo denominado Complemento de capacidad de bodega; este artilugio aumenta considerablemente la captura y constituye una violación al espíritu de la Ley Federal de Pesca» y «ha establecido cuotas de captura contrarias al principio de la sustentabilidad de la actividad...».
• «Se encuentra acreditada la falta tantode control en los buques como en el puerto-de la captura obtenida.»
• «Se encuentra acreditada la existencia de buques cuyas capturas superan ampliamente la cuota y/o las especies asignadas en su permiso. No obstante ello, la Administración no ha aplicado sanciones. Tal es el caso entre otros, de los buques Conarpesa V y Puente Real.
Luego el informe hace afirmaciones sobre supuestas transgresiones realizadas durante las gestiones de Felipe Solá en la Nación como secretario del área; menciona a Eduardo Auguste, como subsecretario de Pesca de la Nación, y de Oscar Fortunato, como subsecretario de Pesca bonaerense y sus vinculaciones a cámaras empresarias y, finalmente, alcanza al actual subsecretario de Pesca de la Nación, Gerardo Nieto, menciona su actuación como subsecretario de la provincia de Santa Cruz y la relación de las empresas Conarpresa y Pescafina con el gobierno provincial y con el nacional.
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