Presupuesto 2022: Guzmán insistirá en la segmentación de tarifas

Economía

Busca el ministro reducir el porcentaje sobre el PBI que tienen los subsidios. Tema clave para el déficit fiscal y mostrar al FMI mayor control del gasto.

Martín Guzmán estará presente la semana próxima en Diputados para defender, ante propios y extraños, su proyecto de Presupuesto para 2022. Y además de sus metas macroeconómicas, monetarias y fiscales, buscará que su viejo proyecto de segmentación de tarifas de servicios públicos también sea avalado. Especialmente por el propio oficialismo. Afirma el ministro de Economía que contará para esto con el apoyo del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Buscará Guzmán para esto argumentos marquetineros tipo “Nac&Pop”, calificando la iniciativa de aumentar el valor de las tarifas como un capítulo de la eterna batalla del kirchnerismo “contra los poderosos”. Hay otra intención menos aceptable para el oficialismo puro y duro: mostrar al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el ministro avanza contra uno de los capítulos sobre el gasto público menos tratados durante los dos primeros años de gestión de Alberto Fernández. Sabiendo además que se trata de un problema político donde el ministro tiene serios problemas para solucionar.

La intención es reducir el abultado monto de dinero que el sector público debe destinar a aplanar el costo a los ciudadanos de las tarifas, y lograr el complicado fin que el Estado sólo subsidie a los consumidores que lo necesiten. O, como mínimo, que el dinero no se destine a los sectores de mayores ingresos. Dicho de otra manera, dejar de aplicarlo “a los ricos”. Se debatirá quién lo es y quién no.

Guzmán trabajó en silencio sobre el tema, elaborando un plan de segmentación que debería ser presentado en sociedad luego de las elecciones de noviembre. Ahora el tema será público, lo excederá en responsabilidades y pasará a ser jurisdicción compartida con Manzur y su gente. Sólo así, saben todos los actores, el proyecto puede tener condiciones de supervivencia presupuestaria en su tratamiento en el Poder Legislativo. Lo que no quiere decir que luego se apruebe tal cual será diseñado en el Ejecutivo.

El objetivo de Guzmán es reducir el abultadísimo porcentaje sobre el PBI que tienen los subsidios a las tarifas públicas, dato que inmediatamente se traslada al déficit fiscal. Según los números en los que coinciden tanto el sector público como los privados, este 2021 se deberá destinar un 2% del PBI a atender esta cuenta, incluyendo la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas. Se suman, además del consumo directo de las familias por el suministro, las garrafas y el transporte automotor, ferroviario y aerocomercial. Según un informe de comienzos de año de la consultora Ecolatina, “los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del PBI”.

Economía sabe que la inflación, la suba de los precios internacionales, el aumento de los costos en las empresas concesionarias involucradas y la alteración del tipo de cambio influyen directamente en el precio final de las tarifas; y que el subsidio es el mecanismo para que el incremento no se traslade de manera plena. Teniendo en cuenta también, por imposiciones de la política, que el incremento de las tarifas en este 2021 será de menos de un dígito porcentual para todos los consumidores; ese porcentaje de 2% total podría incluso incrementarse. Guzmán quiere cortar con esta tendencia, y que esto figure en el diseño del Presupuesto para 2022. Sabe que no podrá hacer una “revolución” tarifaria y que sólo obtendrá victorias parciales y limitadas por “la política”. Su objetivo entonces es limitar vía segmentación del subsidios al carácter “pro-rico” del esquema actual.

Si bien aún no es el momento de números finales, la intención es que ese porcentaje se reduzca gradualmente con los años, llevando a un nivel no mayor a 1% en cuatro ejercicios. No es un cronograma al azar. Desde 2026, un año después, el Gobierno debería comenzar a pagar al FMI un eventual Facilidades Extendidas; y para ese ejercicio el superávit fiscal primario debería ser una realidad.

Parámetros

La pregunta inevitable ante el panorama es, cuál será el criterio para definir al consumidor de mayores recursos y que parámetros porcentuales se aplicarán para la eliminación del subsidio. Por lo que se sabe, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) está trabajando con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); mientras que el Enargas trabaja bajo datos propios.

Guzmán había dejado en claro su posición en mayo pasado al declarar que Argentina sostiene “un sistema de subsidios energéticos que es pro-ricos”, y que “en un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba esas transferencias”, subrayó entonces el ministro. “Los subsidios terminan en barrios en donde vive gente de altos ingresos, cuando estos recursos tienen que ser utilizados para aquellos que más necesitan”. Guzmán confía en poder llegar a un acuerdo más político que económico con toda la coalición gobernante, para poder reducir los subsidios a las tarifas vía las segmentaciones; y que este esquema pueda ya aplicarse en 2022.

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