El Palacio de Hacienda consideró que el Estado -con una participación de poco más de 1% en Aerolíneas- no podía aprobar los balances porque en éstos figura una deuda de la empresa local con el accionista mayoritario -Air Comet-Marsans de España- que no se puede convalidar.
Esa deuda surgió después que la SEPI, organismo del Estado español que era el anterior dueño, le dio a Air Comet fondos para pagar los pasivos de Aerolíneas con sus principales acreedores. La empresa española canceló, pero quedó como acreedora de la firma argentina.
Por eso, para algunas privatizadas, el sector del gobierno que se reposicionó no sólo sería más hostil con ellas sino también más proclive a decisiones que crean suspicacias, como el incremento de los subsidios a los trenes para no aumentar el boleto, mientras el resto de las tarifas está congelado desde 2002.
