El proyecto para un régimen nacional de servicios públicos sigue generando polémicas entre las privatizadas. Específicamente, ahora cuestionan que si un organismo de control determina una multa por deficiencias en algún servicio, la empresa tenga primero que pagarla y, recién después, cuestionarla. Además, establece que la multa podrá cobrarse contra la garantía de ejecución del contrato o compensarse con cualquier deuda del Estado nacional con el prestador del servicio. Es decir, como las empresas hacen usualmente con los usuarios, si una privatizada de servicios públicos es multada, la penalización debe abonarse de inmediato. Aún hoy el Estado tiene discusiones pendientes sobre multas impagas con varias concesionarias. Según el proyecto, sólo después de que una acción judicial le dé la razón a la empresa, el Estado deberá reintegrar la multa cobrada. En otras palabras, «pague ahora y quéjese después». Para las privatizadas, la medida es una actitud intervencionista.
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