Privatizadas ya pararon inversión

Con convicción cada vez más fundada de que los contratos no se terminarán de renegociar en 120 días y probablemente su diseño definitivo pase para el próximo gobierno, las empresas privatizadas están empezando a reclamar ahora «normas para un período de transición» que podría fijarse en dos años.

Ayer, el director general de Edenor, Henri Ducré, planteó por primera vez públicamente la necesidad de «cambios temporarios». Según el directivo, proveniente de Electricité de France, «la tarifa debe acompañar la devaluación», pero consideró que el impacto podría amortiguarse para los usuarios «con cambios temporarios en la regulación del servicio para equilibrar».

•Modificaciones

Según Ducré, la negociación con el gobierno «no puede» limitarse a la tarifa, e indicó que debería haber cambios como «suspensión de inversiones complementarias y ajuste de calidad por un período breve, que podría ser de dos años para buscar un equilibrio». «A partir de allí --agregó- podríamos hablar de cambios importantes en los contratos de concesión.»

Un planteo similar habría formulado el gerente general de Aguas Argentinas, Michel Trousseau de Lyonnais des Eaux, en un encuentro que mantuvo el lunes con el vice-ministro de Economía, Jorge Todesca, que se realizó a pedido y con la presencia del embajador de Francia en la Argentina.

Según trascendió, la compañía planteó las medidas que implementaría en el corto plazo en cuanto a inversiones, calidad del servicio y expansiones programadas, hasta que al cabo de ese período se pueda ver cómo se continúa con los niveles de inversión planificados.

Esta empresa tiene una deuda de 700 millones de dólares contraída en el exterior y pide también una especie de seguro de cambio, para tener «alguna certeza» sobre el tipo de cambio al que van a terminar pagando.

•Urgencia

Hay otras compañías que prefieren el bajo perfil pero que también creen que debe haber una salida más o menos inmediata para adecuar las tarifas y recuperar en alguna medida la ecuación económica de los contratos. En todos los casos, las inversiones ya están paradas, y sólo se autorizan los gastos para mantenimiento, cuando son estrictamente necesarios.

Esto podría afectar la calidad del servicio en pocos meses en gas, electricidad, agua y, en menor medida, en teléfonos. Al congelamiento de tarifas y el endeudamiento en el exterior, las empresas suman otras complicaciones para justificar por qué no pueden invertir.

Entre ellos, la caída del consumo, que por ejemplo en la electricidad es ya un récord. En enero, el consumo cayó 7% y febrero terminaría con una caída cercana a 12%.

Las compañías mencionan además la morosidad, la imposibilidad de pago de los clientes, las presiones políticas para una extensa tarifa social, las deudas de los distintos estados (nacional, provincial y municipal), y el pago cada vez más extendido con patacones o con LECOP, al punto que en algunas compañías, la suma percibida se acerca ya peligrosamente a lo que pueden de impuestos con esos papeles.