Privilegio nulo a Bulgheroni

Néstor Kirchner ordenó reactivar los juicios contra el grupo Bulgheroni para cobrar alrededor de $ 500 millones al dejar sin efecto un decreto de 1996 que disponía que el tema se resolviera por un arbitraje internacional. Bridas y el Estado mantienen juicios cruzados, pero son diez veces mayores los reclamos del Estado. Es buena la medida porque se encomienda a la Justicia local el cobro de deudas a empresarios que tomaron créditos de bancos estatales, no los pagaron e, inclusive adeudan IVA. Por eso, en algunos sectores se preguntaban por qué el mono-polio "Clarín" no ha tenido el mismo tratamiento.

Néstor Kirchner ordenó ayer reactivar los juicios por unos 500 millones de pesos que el Estado mantiene con el grupo Bulgheroni por no pago del IVA e incumplimientos de contrato.

Al derogar por Decreto 966 el Decreto 1.021/96 que firmó Carlos Menem, que establecía un arbitraje internacional para resolver juicios cruzados con el consorcio empresario, Kirchner habilitó la vía judicial para los reclamos.

El procurador del Tesoro dijo que, con la derogación del decreto, «el Estado recupera su jurisdicción y se rehúsa a que cuestiones como la determinación de su política económica, el régimen industrial y su política fiscal sean analizadas y ventiladas fuera de tribunales nacionales».

El funcionario también subrayó que el Presidente ordenó a los abogados del Estado la reactivación de los juicios contra el grupo Bridas.

El Estado le reclama al grupo deudas por 500 millones de dólares/pesos, mientras que el grupo empresario presentó ante la Cámara de Comercio Internacional una demanda por 50 millones de dólares contra el fisco. «Por eso, hubiera sido un despropósito permitir un arbitraje internacional, por la diferencia abismal de montos que reclaman las partes, ya que hubieran sido mayores que la planta en discusión los honorarios y costos de los árbitros», explicó el funcionario.

• Arbitraje

Frente a este conflicto, Menem había ordenado en 1996 por decreto que el Ministerio de Justicia preparase un compromiso arbitral para solucionar el conflicto, que culminó en el ámbito internacional.

Este es el tercer intento para derogar el decreto. Fernando de la Rúa no pudo hacerlo a pesar de que lo avalaba una resolución de la Procuraduría del Tesoro del 28 de agosto de 2000.

En un proyecto de la Cámara de Diputados presentado en 2000 para derogar ese decreto, se rescata un informe presentado por el secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, Horacio Tomás Liendo, en 1996, oponiéndose al arbitraje que estimaba una deuda de $ 1.241 millones entre impuestos impagos las deudas con bancos estatales de Papel de Tucumán y la quiebra del BIBA. Domingo Cavallo, a instancias de ese informe, se negó a firmar el decreto, ya que pretendía hacer un «leading case» de la denuncia por evasión a Papel Tucumán.