El Banco Central del Uruguay (BCU) había presentado una denuncia ante la Justicia por presuntos «ilícitos penales» del Banco de Montevideo y que involucraba operaciones con el TCB.
Debido a los incumplimientos a las disposiciones regulatorias vigentes, el BCU dispuso la intervención del Banco de Montevideo con sustitución total de sus autoridades estatutarias, sin cese de actividades.
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