Promesas de los Kirchner a Moyano que no se cumplieron

El gobierno no necesita activar ningún mecanismo en el Congreso para frenar el proyecto moyanista que duplica y hasta triplica la indemnización por despidos sin causa, con que el sindicalismo decidió presionar a la Casa Rosada para el caso de que no frene despidos y suspensiones en empresas. Desde las épocas de Néstor Kirchner, el gobierno manejó siempre con cuentagotas la aprobación de las modificaciones a leyes laborales que Hugo Moyano impulsó en el Congreso de la mano de su abogado, Héctor Recalde.

Esta vez la situación no será distinta. En la práctica, la CGT tiene tres diputados en el bloque kirchnerista, lo que no le asegura ninguna votación. Es decir, ningún proyecto laboral se aprueba si no tiene antes el consentimiento de los Kirchner. Y esta semana el gobierno volvió a confirmarlo, primero en privado y ayer en boca del jefe de Gabinete, Sergio Massa.

Es cierto que Recalde tiene una prolífica labor como reformador de leyes del trabajo con decenas de proyectos presentados y muchos aprobados en los recintos, especialmente el de Diputados. Pero, por ejemplo, el Senado ha servido de filtro para muchos de esos pedidos: mientras Néstor Kirchner les prometía la aprobación a los sindicalistas durante su presidencia, los senadores, por orden del propio ex presidente, los cajoneaban.

En otros casos, los proyectos laborales avanzaron, como con la eliminación del sistema de vales alimentarios en medio de un escándalo de sobornos que denunció el propio Recalde. Pero las reformas quedaron lejos de la promesa de desarmar toda la legislación del trabajo sancionada en los 90 que el sindicalismo hizo cuando Kirchner llegó al poder.

Proyectos cajoneados

Una prueba de ese minué entre el kirchnerismo y Moyano se vio en las últimas elecciones. En medio de las promesas de campaña se le prometió al sindicalismo aprobar, en la primera sesión después de las elecciones de octubre, un paquete de leyes que el moyanismo tenía listo en el Congreso desde principios de 2007. Allí se incluyeron, por ejemplo, la equiparación de indemnizaciones en empresas quebradas con el despido sin causa -lo que complicaría cualquier solución para empresas en problemas-, el tope a horas extras y hasta la reforma al régimen de accidentes de trabajo que armó Recalde a medida de la CGT. Muchos de esos proyectos quedaron tal como estaban antes de las promesas de campaña. Otros llegaron al Senado y a pesar del impulso que intentó darles un radical, el jujeño Gerardo Morales, que preside la Comisión de Legislación del Trabajo y Previsión Social del Senado, aún esperan en un cajón.

Las presiones llevaron a Moyano a pedir el año pasado una audiencia con el bloque de senadores del oficialismo para que «descongele» el tratamiento de las llamadas «leyes Recalde», pero tampoco tuvo éxito.

En medio de esas presiones existieron siempre visitas de los empresarios a la Casa Rosada para testear personalmente de boca del entonces presidente hasta dónde llegaban las promesas de avanzar con más reformas en la legislación laboral. Siempre se fueron del despacho presidencial con la tranquilidad de que todo el proceso estaba comandado por la Casa Rosada.

Así, de un paquete poblado por más de 20 proyectos se destacan algunos particularmente sensibles, como eliminar los topes indemnizatorios, limitar la jornada laboral, equiparar indemnizaciones por quiebra de empresas con despido sin causa o instaurar el indubio pro operario que supone aplicar el beneficio de la duda a favor del trabajador, además de la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo que habilita la doble vía que incluye el reclamo judicial por la responsabilidad civil. De todo ese menú y más, los diputados oficialistas sólo aceptaron debatir lo que ordenó la Casa Rosada.