El denominado "Solicitor General" del gobierno de Estados Unidos presentó un "amicus curiae brief" (escrito de amigo del tribunal) en favor de la posición de Argentina en una causa que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de dicho país y que se relaciona con un pedido de búsqueda de pruebas (discovery process) que presentaron en el año 2010 distintos demandantes con bonos en situación de default. El pedido de discovery consistió en que el Banco de la Nación Argentina y Bank of America informaran la eventual tenencia de activos de la República Argentina, provincias, agencias y ciertas personas físicas (mencionando a las más altas autoridades del país) en cualquier jurisdicción fuera de Estados Unidos. El propósito de dicha información es determinar si los eventuales activos informados podrían ser susceptibles de embargos y pago de los reclamos de los demandantes.
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El pedido en particular manifestó que el "requerimiento se basa en saber como Argentina mueve sus activos a través de Nueva York y alrededor del mundo". Los pedidos al Banco Nación y Bank of America incluyeron información también sobre registros históricos de transacciones, y transferencias electrónicas de fondos.
El juez Thomas Griesa había autorizado dicha petición. Su argumento fue que "Argentina bien podrían estar involucrada en actividades comerciales (que es el presupuesto para embargar activos de países) en varios lugares o que puedan involucrar activos embargables en un país extranjeros... El tribunal intenta actuar como un clearinghouse de información acerca de las actividades comerciales de Argentina que puedan dar lugar a embargo en cualquier lugar del mundo."
Argentina apeló esa decisión de Griesa pero la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito (los ya conocidos jueces Pooler, Parker y Raggi) afirmó la orden de primera instancia. Frente a ello Argentina apeló a la Corte Suprema. Este tribunal antes de expedirse sobre si acepta o no tomar el caso invitó el día 15 de Abril de este año al Solicitor General a expresar sus puntos de vista sobre el mismo.
La Cámara de Apelaciones en su decisión amplió las argumentaciones de Griesa argumentando por ejemplo que la eventual información que se obtenga no implica violar la inmunidad soberana ya que el pedido de información no consiste en un embargo en sí mismo. Y si los activos no fueran embargables, el embargo no prosperaría. Este tribunal de segunda instancia utilizó otros argumentos procesales como por ejemplo que los bancos citados no están protegidos por inmunidad soberana.
Pero el gobierno de Obama se opuso a dichos argumentos y de una manera bastante visceral. El escrito dice por ejemplo que permitir el discovery sin considerar si los activos que puedan encontrarse son susceptibles de embargo es inconsistente con la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. "Apartándose de las decisiones de otras cámaras federales de apelaciones, el Segundo Circuito erró en permitir un discovery en blanco sobre activos ubicados fuera de Estados Unidos aún cuando los activos podrían no ser embargables. Y también erró en considerar que los bancos no están alcanzados por la ley de inmunidad soberana ya que eso es irrelevante".
Además "los tribunales estadounidenses deben tener en cuenta que embargos sobre países extranjeros en Estados Unidos implican una afrenta a su dignidad y pueden afectar las relaciones diplomáticas con ellos."
Finalmente el gobierno de Obama rechazó el argumento sobre información a las personas físicas ya que las mismas no son parte del proceso ni deben las sumas bajo los bonos ni son dueñas de los activos de Argentina.
Pero por otro lado el gobierno americano dijo que no es su política condonar fallos contrarios contra países extranjeros y que Argentina debería normalizar inmediatamente sus relaciones con todos sus acreedores, tanto públicos como privados.
El escrito le da impulso a la postura argentina en el caso del Banco Nación, pero recordemos que anteriormente el gobierno americano se ha presentado en defensa de la posición del país pero los tribunales de Estados Unidos igualmente emitieron sentencias de condena. También que Obama rechazó presentar un amicus de oficio en la anterior apelación ante la Corte Suprema por el caso pari passu. En este oportunidad lo hizo solo a pedido de la Corte.
Queda ver si la Corte pedirá la opinión al Poder Ejecutivo americano en la segunda apelación (la actual) por el caso principal (la fórmula de pago y los embargos a las sumas que se transfieran vía el Bank of New York) recordando que en la primera no lo hizo.
En caso de ser invitado y presentarse, podría ser posible esperar un escrito balanceado, en donde se hagan referencias a las protecciones de la inmunidad soberana sobre los activos de Argentina y que por ello la Corte debería aceptar la apelación presentada pero también a la necesidad de normalizar la relación con los holdouts.
En este sentido, es posible que dicho eventual escrito intente extender el plazo de la sentencia final de la Corte Suprema para que existan acuerdos antes de dicho fallo que eviten un eventual default.
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