9 de abril 2001 - 00:00

Quejas industriales por el ALCA

El secretario general de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio De Mendiguren, planteó ayer la necesidad de resolver los problemas internos de competitividad antes de pensar en el ingreso de la Argentina a la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

«La Argentina es un país condenado al éxito si tiene un programa coherente. Nos pone muy mal estar navegando sin un plan», señaló De Mendiguren.

El industrial consideró que «no se puede hablar de integración con nadie» hasta que no se resuelva el papel que el país tendrá dentro del nuevo bloque de comercio latinoamericano.

«Primero es hora de que los argentinos resolvamos esto porque si no, nuestro papel en la ALCA va a ser muy pobre, va a ser el de un país que sólo puede manejar materias primas. La Argentina está haciendo un planteo más parecido al de un país asiático que a un proyecto que pague salarios europeos», agregó.

En términos de mercado, la ALCA abarca una población de 780 millones de habitantes y significa 10.000 billones de dólares de producto bruto (un tercio del producto bruto mundial) y más de 20 por ciento del comercio global.

Por otra parte, los fabricantes argentinos de medicamentos acusaron a sus pares norteamericanos de pretender «aumentar el monopolio de las patentes» en el marco de las negociaciones, con el pleno apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Así lo señaló Clara Suárez, directora ejecutiva de la cámara que nuclea a laboratorios nacionales (Cooperala), quien participó en la discusión sobre derechos de propiedad intelectual que se realizó en el foro empresarial que sesionó en forma paralela al encuentro para crear la ALCA.

Las empresas argentinas volvieron a reclamar en ese foro la inclusión de un requisito de fabricación local de las patentes y la obligación del titular de otorgar licencias para la fabricación de productos, lo cual fue rechazado por representantes norteamericanos.

A la inversa, Estados Unidos quiso incluir mecanismos que faciliten el otorgamiento de patentes en múltiples países, también crear una sola oficina que monitoree las patentes a nivel continental y ampliar a 80 años la duración de los derechos de autor, lo cual fue rechazado por varios países, en especial la Argentina y Brasil. La directora ejecutiva de Cooperala defendió la exigencia de la fabricación local, al explicar que «permitirá conservar para el país capacidades industriales que de otro modo se perderían», y recordó que existe una «necesidad de poder manejar la producción de una serie de productos esenciales sobre los cuales el precio pueda ser susceptible de algún tipo de control de la política económica del país».

También existió divergencia en este foro sobre la propuesta norteamericana de eliminar las exclusiones de patentamiento de plantas y animales.

Los laboratorios que producen medicamentos en el país facturan unos 3.500 millones de pesos a precio de salida de fábrica, y emplean a unas 20 mil personas, pero generan en forma indirecta alrededor de 120 mil empleos.

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