Se conoció ayer otro dato desalentador sobre los efectos reales de la salida de la convertibilidad y la megadevaluación impulsada por el gobierno de Eduardo Duhalde. La cantidad de empresas que quebraron durante 2002 subió más de 50 por ciento contra 2001, según las cifras de la propia Justicia Comercial de la Capital Federal. Esto quiere decir que, lejos de haberse experimentado una mejoría, el cuadro empresarial del año pasado resultó definitivamente malo. Inclusive este número se dio en medio de la vigencia de una ley que restringía al mínimo la posibilidad de decidir una quiebra.
También desde la perspectiva de los hechos, y a los que esgrimen como supuesto logro la merma de 42,2% -con respecto al año 2001- de los «pedidos de quiebra», debe recordárseles que -desde la sanción de la lamentable Ley 25.563 del 16.01.2002 (que modificara el régimen de quiebras)- y prácticamente sin solución de continuidad, se prohibió lisa y llanamente la promoción de nuevos pedidos de quiebra, en la errónea convicción de que la mejor manera de proteger al deudor era «matar al acreedor». Y también que, superada tal situación hacia fines de año por una Justicia que -salvo escasísimas excepciones- declaró reiteradamente la inconstitucionalidad de tal tipo de disposiciones, el año 2003 habrá de quitar todo argumento valedero a los «popes» del hipotético cuanto irreal saneamiento empresario, puesto que, ni bien abran los Tribunales, se vaticina una verdadera «catarata» de nuevos pedidos de quiebra y de las ejecuciones ilícitamente suspendidas.
Lo dicho anteriormente se ve corroborado si se pondera que, pese a las múltiples e inconstitucionales trabas que la mentada Ley 25.563 -y los perversos decretos de «necesidad y urgencia» que la siguieran- impusieran a los acreedores, impidiéndoles -reitero- promover todo tipo de ejecuciones y/o acciones de cobro a sus deudores, las demandas presentadas ante la Justicia en el ámbito de la Capital Federal sólo exhibieron una exigua caída de 10,3% con respecto al año anterior, sumando nada menos que 119.478.
Ello, en los hechos, no hace sino dar la pauta que ahora -superadas las vallas y euforias «populistas» que impedían al acreedor el legítimo acceso a la Justicia- los juzgados se verán atiborrados de nuevas causas, y la primavera, ya no el hipotético «veranito» anunciado por los señores feudales de la política, se podría convertir en un crudo invierno, caracterizado por la lluvia de nuevas ejecuciones, pedidos y sentencias de quiebra.
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