Ratifican audiencias para discutir tarifas

El gobierno ratificó ayer que habrá audiencia pública para debatir aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Lo hizo primero a través del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, en declaraciones radiales por la mañana, y del ministro Roberto Lavagna, quien habló del tema en un almuerzo de la cámara argentino-británica.

Estas declaraciones cerraron un paréntesis de casi tres semanas durante las cuales el gobierno discutió si era necesario llamar a audiencia pública. Según una versión, un informe de la SIDE recomendó no realizar ese tipo de debates para evitar la presencia de piqueteros o eventuales cacerolazos. Desde el Ministerio de Economía se llegó a decir que legalmente no había obligación de llamar a audiencia pública, y que podía reemplazarse ese mecanismo por una consulta a través de Internet. Pero las empresas de gas, las eléctricas y Aguas Argentinas le plantearon a Miguel Sanguinetti, titular de la comisión renegociadora de los contratos, la necesidad de que hubiera audiencias para evitar posteriores objeciones de la Justicia.

En forma reservada, en las empresas privatizadas se consideraba la consulta por Internet como otra forma de postergar las subas de tarifas, debido a que sin audiencia pública, la Justicia haría retroceder los ajustes.

• Instrucciones

De todas formas, el proceso no es rápido. En primer lugar, el Ministerio de Economía tiene que instruir a los entes reguladores a convocar a la audiencia. Luego, esos organismos tienen que pedirle a cada empresa una propuesta, y después debe darse por lo menos tres semanas para que los interesados (asociaciones de consumidores, particulares, grandes clientes) vean el expediente.

En suma, las audiencias se concretarían en setiembre, y se entiende que recién posteriormente el gobierno tomará una decisión que será sometida a la comisión bicameral que debe crearse según la Ley de Emergencia Pública.

De este modo, los ajustes se terminarían aplicando a partir de octubre, aunque en las privatizadas sigue primando el escepticismo, y se cree que el gobierno de Eduardo Duhalde no quiere pagar el costo político de una suba, por mínima que sea.

El propio Lavagna desconcertó ayer a los empresarios cuando sostuvo que las privatizadas no tienen déficit operativo, es decir que, con lo que facturan, pueden cubrir sus gastos corrientes.

Las empresas, por el contrario, dicen que lo que se plantea es un «aumento de emergencia» para cubrir los costos operativos y permitir el mantenimiento de los servicios, mientras queda para el futuro una recomposición de la ecuación económica de los contratos que permita pagar las deudas en dólares y realizar nuevas inversiones.

• Negociación paralela

Por un camino paralelo, las empresas petroleras vienen negociando con el gobierno un paquete integral que incluye mantener un precio del gasoil en 0,85 de peso para el transporte urbano, a cambio de que se eliminen las retenciones a la exportación de ese producto y se permita una suba del precio del gas en boca de pozo para las grandes empresas, como Techint, Aluar, Loma Negra o Arcor.

Varias de esas compañías tienen contratos directos con las petroleras, pero siguen pagando el gas al valor anterior a la devaluación, amparándose en la Ley de Emergencia Pública, que pesificó los contratos entre privados.

Hasta anoche no estaba claro si saldría finalmente el proyecto de decreto de necesidad y urgencia que permitiría a las petroleras fijar un nuevo precio del gas a los grandes clientes. O, si por el contrario, también esos contratos quedarían para la audiencia pública.