Ratifican austeridad: $ 3.000 de tope

Eduardo Duhalde presidió ayer su primera reunión de gabinete como presidente de la Nación, en un encuentro en el que se acordó ratificar las normas de austeridad impulsadas por Adolfo Rodríguez Saá, que incluyen la venta del parque automotor y el tope de $ 3.000 de sueldo para toda la administración pública nacional.

El informe sobre la reunión fue difundido por el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, quien -sin embargo- evitó dar precisiones sobre el plan económico del gobierno que será presentado hoy a las 9.30 a los legisladores peronistas en la residencia presidencial de Olivos.

Capitanich había jurado al mediodía, junto a otros diez integrantes del gabinete nacional, en una ceremonia que se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Tras la reunión, realizada en la Sala de Situación, Capitanich comentó que el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, brindó un pormenorizado informe sobre las medidas de restricción de gastos impuestas por Rodríguez Saá que fueron ratificadas por Duhalde.

«Esto significa la eliminación de todos los cargos burocráticos y contratos que generan un costo no compatible con la eficiencia que debe tener el sector público», destacó el jefe de Gabinete al informar sobre las medidas.

En ese sentido, el funcionario destacó que se mantiene en pie el decreto firmado por Rodríguez Saá que estipula un tope de tres mil pesos de sueldo para todos los funcionarios, políticos o de carrera, de la administración pública, la venta de vehículos oficiales y la eliminación de «contratos superfluos».

Sin embargo, Capitanich no informó si, tal como estaba previsto, se les devolverá el 13 por ciento del recorte a las jubilaciones y destacó que ese punto será definido una vez que se conozcan los números del presupuesto y el ahorro que se alcance con las medidas de restricción del gasto.

Además, indicó que «no está vigente la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo» que propuso Rodríguez Saá, y que fue dejada fuera de las deliberaciones de la jornada la anunciada derogación de la Ley de Reforma Laboral.

«El Presidente tuvo la oportunidad de recibir un informe exhaustivo del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov. Vamos a continuar analizando con un equipo de ministros el proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación», informó el funcionario.

Al respecto, el jefe de Gabinete indicó que hoy a las 9.30 el Presidente recibirá en la quinta de Olivos a diputados y senadores del justicialismo (ver nota vinculada), a quienes les explicará los alcances del futuro programa económico.

En ese sentido, dijo que el programa económico que se anunciará en las próximas horas «apunta a defender el interés nacional y a proteger a los ciudadanos argentinos».

Las disposiciones «serán de carácter global para que cada argentino se sienta protegido en las medidas que adopte el gobierno», por lo cual se están «analizando con detalle y minuciosidad», añadió.

Por otra parte, Capitanich adelantó que el presupuesto 2002 -del cual dependen los recortes en la administración pública- será enviado al Congreso de la Nación la próxima semana, aunque evitó dar precisiones al respecto.

Asimismo, adelantó que el canciller Carlos Ruckauf viajará la semana próxima a Brasil en un periplo que tendrá como principal objetivo explicar los alcances de las nuevas medidas económicas que pondrá en marcha la Argentina.

La reunión de gabinete, que se extendió durante dos horas y media en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, contó con la participación de todos los ministros y secretarios y la presencia de la primera dama, Hilda González de Duhalde. Además de Capitanich, Gabrielli y Remes Lenicov, los otros funcionarios que juraron al mediodía y participaron de la reunión de gabinete fueron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Vanossi; el de Trabajo, Alfredo Atanasof, y el de la Producción, José de Mendiguren.

También asumieron los secretarios General de la Presidencia, Aníbal Fernández; de Inteligencia del Estado, Carlos Soria; de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, y el procurador del Tesoro, Rubén Citara.