La Paz (EFE) - La empresa Transredes restableció ayer el envío de gas boliviano a la Argentina, tras una intervención militar para reabrir las válvulas de un gasoducto cerradas en la noche del lunes por la presión de manifestantes, según dijo una fuente oficial.
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La exportación fue suspendidacuando unos 600 pobladores de la localidad de Yacuiba, fronteriza con la Argentina, ocuparon la planta San José de Pocitos obligando a cinco empleados de la empresa a cerrar las válvulas del gasoducto.
El Ministerio de Hidrocarburos del gobierno de Evo Morales informó que los militares ocuparon la estación de bombeo, y la compañía, que es una filial de las británicas Ashmore y Shell, reanudó la venta del combustible tras más de doce horas de suspensión del servicio.
Según la fuente, el gobierno también envió a Yacuiba una misión encabezada por la ministra de Desarrollo Económico, Celinda Sosa; el vicecanciller, Mauricio Dorfler, y el viceministro de Comercialización de Hidrocarburos, William Donaire, para negociar con los manifestantes. Una portavoz de la petrolera confirmó la reanudación del servicio de exportación «con las garantías del Estado».
Según la compañía, se trató de la primera suspensión de los envíos del carburante al mercado argentino desde que, en 2004, se reanudaron las ventas del gas boliviano.
Bolivia exporta actualmente a la Argentina un promedio de 4,5 millones de metros cúbicos diarios de gas de los 7,7 millones que están comprometidos a un precio de 5 dólares por millón de unidad térmica británica (BTU).
Negociación
Los dirigentes regionales de Yacuiba comenzaron a negociar con las autoridades bolivianas sus demandas, centradas en obtener más facilidades para el comercio fronterizo.
Desde el pasado jueves, los manifestantes bolivianos de Pocitos y sus vecinos de la localidad argentina de Salvador Mazza realizan diversas protestas sociales cortando el paso a ambos lados de la frontera.
Cerca de 2.000 comerciantes bolivianos reclaman al gobierno el incremento del monto autorizado de importación diaria, de 350 a 700 dólares, que la administración de Buenos Aires ha rechazado.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina dictó en mayo pasado una resolución para impedir que grandes cantidades de granos y harina se trasladen del interior del país a las fronteras para ser comerciadas de forma ilegal.
