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La AFIP San Luis tiene bajo su jurisdicción presentaciones de 200 empresas y, una vez que finalice su labor, remitirá los resultados al Ministerio de Economía de la Nación que determinará el momento del reintegro.
Como los planteos están paralizados en la actualidad porque el trámite de verificación implica el análisis, validación de la documentación y una labor administrativa que supera la capacidad operativa de las delegaciones de la DGI, el gobierno provincial suscribió un convenio de asistencia técnica con el organismo y la Universidad Nacional de San Luis, que aportará un grupo de contadores públicos, para avanzar en la tramitación de la asignación de los bonos fiscales.
Esto provocó una deuda del Estado nacional con las empresas a partir de que los beneficios habían sido concedidos por una norma anterior. Por esa razón reclaman la restitución.
Pero además se basan en la misma Ley de Emergencia Económica que en su artículo 9 (inciso «a»)
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