Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) recomendó medidas complementarias para lograr una eficiente aplicación del Consenso Fiscal firmado entre la Nación y las provincias.
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Según la entidad, el pacto suscripto por Mauricio Macri y 23 gobernadores posee un "rol estratégico" como herramienta para ordenar al Estado, en momentos en que la administración pública nacional pasó de administrar un tercio del PBI en 1980 a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país. "Una distribución más descentralizada de la recaudación nacional es necesaria, pero no suficiente", alertó IDESA.
En ese contexto, la institución planteó que "hay que evitar las intervenciones del Estado nacional sobre funciones provinciales y municipales, ya que son una de las principales fuentes de derroche de recursos públicos y discrecionalidad política" y propuso dos medidas concretas.
"El Consenso se queda corto en el ordenamiento de las funciones que ejerce cada nivel de gobierno. Por ejemplo, es muy pertinente la cláusula que establece la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas del área metropolitana, pero no explicita que para ello es fundamental la transferencia de las empresas y entes reguladores de servicios públicos a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires", propuso.
Asimismo, IDESA recordó que "queda pendiente eliminar los más de 100 programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo y medio ambiente que se solapan con funciones provinciales y municipales y, por ello, son fuentes de derroches, ineficiencias y discrecionalidad política".
Con el acuerdo fiscal -sostiene el informe- subyace "la vocación de iniciar un proceso de reconstrucción institucional de la relación de la Nación con las provincias; la meta es tender gradualmente a una presión tributaria más tolerable y a una distribución de recursos entre jurisdicciones más coherente con la organización federal".
Al repasar la evolución que tuvo el gasto público total (Nación, provincias y municipios) en las últimas décadas, reveló que entre 1980 y 2006 el gasto público total osciló en alrededor del 31% del PBI, mientras que entre 2007 y 2011 se elevó a 38% y entre 2012 y 2015 dio otro salto hasta alcanzar al 45% del PBI.
"Estos datos muestran la intensidad exponencial del crecimiento de las erogaciones del sector público. El Estado pasó de administrar poco menos de un tercio del PBI a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país", remarcó, y acentuó que "al hiper-crecimiento en las erogaciones del sector público se le agregó la hiper- centralización en el nivel nacional".
Por este motivo, en IDESA expresaron que el objetivo del Consenso Fiscal debe ser "acortar la brecha entre el esfuerzo que hacen los ciudadanos para financiar al Estado pagando los impuestos y lo que el Estado les devuelve en cantidad y calidad de servicios".
"Innovar en la organización y estilos de gestión del sector público en los tres niveles de gobierno es la principal tarea pendiente. Por el volumen de recursos involucrados, abordar con seriedad el tema previsional es el desafío más importante que tienen por delante el gobierno nacional y las provincias que no transfirieron sus sistemas a la ANSES", destacaron.
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