La cuestión fiscal constituye uno de los puntos medulares en las agendas políticas de los países desarrollados, pues de ella dependen los aspectos centrales de la política económica y social de los países soberanos. Por lo tanto, el tratamiento de la cuestión fiscal como cuestión de Estado debe comenzar por una reformulación inteligente de la administración tributaria, porque sin ella es imposible avanzar seriamente en la reforma integral del sistema normativo fiscal en la Argentina. Hablar solamente de reforma tributaria, como últimamente se viene haciendo (o impulsando desde el gobierno nacional), es hacer las cosas al revés.
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Hay que comenzar desde otro lugar. En vez de analizar propuestas que afectan la capacidad de decisión y gestión del Estado, hay que diagnosticar -rápida y verazmente-la situación actual de la administración tributaria argentina para, luego, encarar su reforma y fortalecimiento. Este proceso no sólo lo debe hacer la administración fiscal federal sino también los gobiernos provinciales y municipales. Poco o nada podremos cambiar si no se coordinan simultánea y armónicamente políticas e instrumentos de administración tributaria en los tres niveles de gobierno. Vale para demostrarlo un ejemplo: ¿cómo se puede determinar eficazmente los impuestos nacionales a las Ganancias y/o Bienes Personales, si la Administración Federal no cuenta con información actualizada acerca de los titulares de bienes inmuebles que llevan los gobiernos provinciales? Además algunas provincias carecen en sus registros de números de CUIL o CUIT. Si a la AFIP se le ocurriera preguntar cuáles son los bienes que por ejemplo, García o Fernández o quien sea, poseen en una determinada provincia o localidad, es muy probable que no tenga respuesta. O viceversa, ¿cómo pueden los gobiernos provinciales y municipales cobrar ciertos impuestos, tales como el de patentes, atento los atrasos y deficiencias del sistema registral de automotores, gestionado por el gobierno federal? Estos ejemplos, que podrían multiplicarse, son una pequeña muestra de la necesidad de una coordinación eficiente y eficaz -que en el ámbito de sus competencias constitucionales-deben mantener las distintas jurisdicciones. Jerarquía
Por otra parte, tanto en el nivel federal como en el provincial y municipal, sería importante rejerarquizar los organismos de recaudación. Así, por ejemplo, en el ámbito federal otorgar autarquía a la AFIP garantizaría la permanencia e independencia de sus directivos. Asegurar su estabilidad, el derecho a la carrera, la capacitación y niveles salariales acordes con la importancia de sus funciones -sin perjuicio de someter a los mismos controles de legalidad y de gestión-jerarquizaría a su personal. En la provincia de Buenos Aires continuar con la reformulación de todo su sistema administrativo registral y de recaudación, no solamente en la Dirección Provincial de Rentas sino a la Dirección de Catastro Territorial y al Registro de la Propiedad Inmueble daría una cabal magnitud de su propia caja. No es admisible que no estén actualizadas las operaciones de transferencia de bienes inmuebles luego de cuatro o cinco años de haberlas realizado. De esta manera el que vende no paga y el que compra tampoco paga pues no recibe boleta alguna. Tampoco es admisible que ante un requerimiento de cambio de domicilio no se obtenga respuesta hasta luego de varios años. Si la hay.
Si consideramos que el Estado es una empresa y el contribuyente el cliente, es fácilmente comprensible que una empresa que no tiene una base de datos sólida de sus clientes no podrá controlar su facturación y su cobro eficiente, tendiendo -de esta manera-a desaparecer del mercado.
En el caso del Estado, el efecto se produce por acumulación del déficit y por distorsión de los mercados a través de los aumentos de las alícuotas, nuevos impuestos y/o injusticias entre los que pagan y los que no pagan, quitando competitividad a los primeros.
En los últimos meses se está debatiendo la posible privatización de la administración fiscal. Propuesta desaconsejada desde varios puntos de vista, a saber:
1) El Estado no puede renunciar a su poder de fiscalización y recaudación (función que hasta las teorías económicas más liberales han colocado siempre en cabeza del mismo).
2) Se afecta la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las empresas puesto que diversos grupos y consultoras privadas tendrían en su poder información que hace tanto a la vida privada de los individuos así como a la relativa al desarrollo empresario de personas y sociedades. Por otra parte, las fiscalizaciones en trañan el ejercicio de atribuciones muy especializadas que llegan a la posibilidad de trabar embargo y realizar allanamientos, funciones éstas indelegables del sector público.
3) Las experiencias relativas a la privación de la gestión administrativa fiscal se reducen a un escaso número de pequeños países subdesarrollados y no han sido exitosas.
4) La inmensa mayoría de los expertos en el tema se pronunciaron en contra de dicha posibilidad. Para Vito Tanzi (ex director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI) la privatización implica una vuelta al siglo XIX.
Nuestro país cuenta con los recursos humanos y técnicos para llevar adelante con éxito un nuevo modelo de administración tributaria en manos del Estado.
Sólo falta la decisión política de utilizarlos adecuadamente y con las partidas presupuestarias necesarias. No pueden recortarse los gastos de funcionamiento de los organismos de recaudación y fomentar la salida de personal capacitado mediante programas de retiros voluntarios y similares. Si hay personal con conductas reprochables desde el punto de vista normativo, debe ser separado con causa de sus funciones y debidamente castigado. Lo que no debe hacerse es transferir recursos calificados que al Estado le costó tiempo y dinero formar, al sector privado. Ello no es una «política de reforma del Estado». Estimo que más bien es el vaciamiento.
Mejorar la administración tributaria es el primer paso. Si existe fuerte decisión política podemos en sesenta días tener un diagnóstico exacto y veraz. Y a los seis meses empezar a ver los primeros resultados. A partir de esta nueva estructura, donde se compatibilice Nación, provincia y municipio, podremos hablar de descentralización tributaria (la provincia de Buenos Aires llevó adelante un programa al respecto -desde 1987 hasta 1989- con resultados exitosos), coparticipación de impuestos, reforma tributaria e incorporación a la economía formal de vastos sectores hoy excluidos.
Rodolfo Frigeri es diputado nacional-PJ bonaerense, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, ex secretario de Hacienda de la Nación, ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ex presidente del grupo BAPRO.
