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La medida también impondrá costos significativos para quienes busquen ampararse a la ley de bancarrotas, a la vez que proporcionará a los bancos y negocios nuevas herramientas legales para recuperar su dinero.
Al igual que los promotores del proyecto, el sector empresarial alega que la medida ayudará a reducir el costo de bienes y servicios para todos los consumidores, mientras que sus detractores argumentan que se trata de una dádiva a los bancos y compañías de tarjetas de crédito.
Líderes de la Cámara de Representantes han indicado que aprobarán la ley de forma expedita una vez que el Senado la envíe a esa cámara.
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