La Cámara de Apelaciones en lo penal económico ratificó ayer la decisión judicial de primera instancia y rechazó el recurso de amparo presentado por la petrolera Shell en que ésta solicitaba que cese «la discriminación y el acoso de la Secretaría de Comercio Interior» y se aplique «correctamente» la Resolución 25 sobre abastecimiento de gasoil.
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La sala A de la Cámara afirmó que «de ninguna manera incumbe» a los magistrados «pronunciar declaraciones abstractas o impartir instrucciones genéricas a funcionarios de la administración» referidas a cómo deben aplicarse leyes o normas.
El fallo añadió que «menos aún» corresponde a los jueces «dirigir admoniciones a esos funcionarios sobre el comportamiento que deben observar para con una determinada persona». La Sala A compuesta por los camaristas Edmundo Hendler, Nicanor Repetto y Juan Carlos Bonzón, recordó que la Resolución 25 de 2006, sobre el abastecimiento de gasoil, «fue dictada por el secretario de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Producción en el ejercicio de atribuciones conferidas por la Ley 20.680». De este modo, la Sala reconoce de hecho la legitimidad de la Ley de Abastecimiento de 1974, que, según reconocidos juristas, no está vigente ni reglamentada.
Los jueces detallaron que el objeto del reclamo de Shell fue «exclusivamente que se impartan ciertas instrucciones acerca del abastecimientode combustibles reglamentado en virtudde la ley, lo que resulta una cuestión abstracta y en todo caso propia de las atribuciones que la Constitución nacional acuerda al Poder Ejecutivo».
Cuestionamiento
El fallo evaluó que «en lo que concierne al concreto comportamiento atribuido a los funcionarios de Comercio Interior, lo que se cuestiona es el modo en que estarían ejercitando sus atribuciones legales». Pero según la Sala, «se trata de resoluciones administrativas apelables dentro de cinco días hábiles de notificación» y que «no se advierten razones para entender que ese remedio fuera ineficaz».
En forma paralela, la Cámara de Apelaciones analiza la apelación presentada por Shell por las acciones iniciadas en el juzgado de Marcelo Aguinsky para iniciar un juicio correccional contra la empresa en el que la Secretaría de Comercio Interior pide el arresto del directorio de Shell. La Cámara también debe resolver quién es finalmente el juez competente en la causa, ya que el magistrado Diego Zysman, que rechazó el amparo, se declaró incompetente aunque tiene en su juzgado varias de las denuncias del gobierno contra Shell y, por otra parte, la fiscalía sostiene que todas las acciones deben acumularse en el juzgado federal de Formosa, donde se aplicó la primera multa.
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