El enfrentamiento del gobierno con productores ganaderos está muy lejos de culminar. Todo lo contrario: cada día que pasa se acentúan las diferencias. Ayer, la novedad pasó por un fallo en San Luis de la Justicia Federal a favor de un amparo presentado contra la prohibición de exportar. El gobierno apelará, pero igualmente la decisión judicial motorizará más presentaciones de productores afectados. Lamentablemente, se pierde mucho con este conflicto. Hay costos ocultos inclusive. Una empresa argentina que exportaba insumos para transformadores a Estados Unidos recibió la suspensión de todas las órdenes de compra. La razón: la compañía norteamericana no quería correr riesgos de falta de suministros. Por más que no tenga relación directa con la carne, es una muestra de la inseguridad que hoy despierta establecer una relación comercial con el país, donde decisiones como las ya adoptadas generan esa sensación.
La Justicia de San Luis ordenó al Estado no aplicar a un grupo de productores la veda a las exportaciones vacunas que rige desde marzo. El fallo del juzgado federal de dicha provincia (ver texto completo en www.ambitoweb.com) abre las puertas a las exportaciones para los productores de la Sociedad Rural de San Luis, quienes habían presentado un recurso de amparo contra la medida del Ministerio de Economía que priva a los frigoríficos de cumplir sus compromisos de exportación de carne vacuna. No se descarta que se genere una avalancha de amparos contra la decisión del gobierno de prohibir las ventas externas por seis meses. La presentación realizada por los ruralistas sanluiseños solicitaba que «se decrete la medida cautelar de no innovar y suspenda la aplicación de la Resolución 114/06 hasta tanto no se dicte sentencia definitiva...». El juez subrogante de San Luis, Daniel Giboin, hizo lugar al pedido y ordenó al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Aduanas y al SENASA suspenda la aplicación de la prohibición de exportaciones. El juez, además, fijó una contracautela de 300 mil pesos, por la que hasta que la Sociedad Rural de San Luis no deposite ese dinero no podrá hacerse efectiva la medida.
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El fallo podría sentar un precedente para que los productores ganaderos de otras regiones también se presenten ante la Justicia. Sin embargo, hasta ahora ninguna entidad ni productor ejerció su derecho contra la medida impuesta por el gobierno.
La medida cautelar, a pesar de ser de aplicación inmediata, puede ser apelada por el gobierno, y en ese caso una instancia superior de la Justicia deberá decidir si se mantiene o no la prohibición de exportar carnes vacunas.
Entre los argumentos del juzgado federal de San Luis se menciona toda la jurisprudencia que avala la concesión del amparo y se indica que la medida tomada por el gobierno genera «riesgo de un daño extremo e irreparable», que «el perjuicio es presumible» y que «se justifica la cautelar ante el daño inminente que pueda causarse al actor», en este caso los productores ganaderos de San Luis.
La Sociedad Rural de San Luis agrupa a 500 productores que serán beneficiarios directos de la medida judicial aunque la provincia tiene 7.300 productores que podrían ampararse en el fallo. Cada productor sanluiseño cuenta con un promedio de 350 vacunos. Desde la Sociedad Rural de San Luis se decidió anoche pagar la contracautela con animales. « Mañana mismo juntaremos las vacas para cumplir con la Justicia», informaba Guillermo Pagano, presidente de la Sociedad Rural de San Luis.
En tanto, anoche algunas entidades evaluaban imitar los pasos de los ruralistas de San Luis. El vicepresidente de CARBAP, Horacio Buitrago, manifestó que la entidad piensa presentar un recurso jurídico contra la veda a las exportaciones.
«Estamos evaluando hace días la presentación de una medida similar, y es probable que lo realicemos en escasas horas», dijo. No obstante, no hay coincidencias entre las entidades sobre los pasos a seguir. «Todo depende de dónde sea realizada esa presentación», dijo el dirigente.
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