La semana próxima, funcionarios de la AFIP se reunirán con el Banco Central para limitar el alcance que tendrá el bloqueo a cajas de seguridad pertenecientes a personas que mantengan deudas con el fisco. Dentro de la DGI -organismo que impulsó la medida- se discute ya la efectividad de este «superpoder» sin que haya una resolución judicial previa. La razón: al igual que lo sucedido con el «corralito», la pesificación y otras violaciones a la propiedad privada, la Justicia revertiría cualquier disposición al respecto.
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La posibilidad de bloquear acceso a cajas de seguridad está en vigencia desde mediados del '99, pero el último día de gestión de Eduardo Duhalde, el 22 de mayo, se decidió definir su alcance en cuanto a las partes indivisas. Con el «boom» de cajas de seguridad que hubo antes y después del «corralito», la posibilidad de bloquear el acceso a las mismas toma más significación, especialmente si se toma en cuenta la sensibilidad existente hoy en ahorristas tras la violación de los derechos de propiedad con el «corralito», la pesificación y posterior reprogramación de depósitos.
Paralelamente las entidades que agrupan a los bancos (ABA, Abappra y ADEBA) se sumarán a las reuniones con la AFIP y el Central para brindar sus puntos de vista y las consecuencias que puede acarrear en la conducta de sus clientes y las trabas legales existentes para su aplicación.
Precisamente sobre este tema surgió un generalizado rechazo, más allá de que teóricamente estaba en vigencia desde hace tres años. Incluso dentro mismo de la DGI hay diferentes opiniones sobre la conveniencia de que la AFIP, por decisión propia, pueda bloquear el acceso a una caja de seguridad, sin mediar una decisión judicial previa. Lo que se discute no es la decisión de cobrar a deudores sino que los medios para hacerlo vayan sin fallo judicial hasta bloquear el acceso de una caja de seguridad, en la que puede o no haber fondos del contribuyente.
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