Se introdujeron numerosos cambios de último momento al Presupuesto que, entre otras cuestiones polémicas, otorga facultades al Poder Ejecutivo para decidir medidas tributarias especiales. Esto es, diferimientos, reintegros y otras que significan el poder lanzar en cualquier punto del país promociones sin límites. Otro punto conflictivo era la facultad que adquiría el Ejecutivo para incrementar las partidas salariales destinadas, entre otros, a las universidades. Anoche seguía el gobierno negociando en Diputados la ratificación, dentro del Presupuesto, de los decretos de pesificación y las normas del "corralito". El radicalismo apoyaba sólo dos de ellos (vinculados con la pesificación de las deudas de las provincias). La Secretaría de Hacienda, aun cuando esto no había sido aprobado, ya preparaba vetos.
El problema de la ratificación de los decretos de pesificación y «corralito» para el gobierno es crucial. Con un fallo pendiente de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de las disposiciones de Duhalde sobre pesificación de depósitos, la ratificación por ley
También despertó suspicacias el artículo que autoriza al Ejecutivo a emitir deuda por $ 3.400 millones «para atender la restitución al personal del sector público nacional y beneficiarios previsionales de la reducción de 13%». La cuestión que se planteó fue con relación a las universidades nacionales. En ese caso, algunos radicales como
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