8 de julio 2004 - 00:00

Sancionaron la Ley Fiscal clave

El Senado sancionó, pasada la medianoche, el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que el gobierno quiere presentar cuanto antes al FMI. La sesión peligró durante la tarde por la presión del radicalismo, que todavía seguía digiriendo la pelea entre Raúl Alfonsín y Carlos Kunkel por el accionar del gobierno sobre piqueteros. El proyecto, que reemplazará ante el Fondo a la Ley de Coparticipación Federal, frenada por los gobernadores, en realidad, no es una novedad. Dos provincias, San Luis y Salta, ya aplican una ley similar para restringir el gasto, aunque más dura todavía que la propuesta por Kirchner.

En una sesión tensa, el presidente del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto; y el titular del Senado, Daniel Scioli, debieron hacer esfuerzos para lograr el quórum necesario para tratar el proyecto de Responsabilidad Fiscal.
En una sesión tensa, el presidente del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto; y el titular del Senado, Daniel Scioli, debieron hacer esfuerzos para lograr el quórum necesario para tratar el proyecto de Responsabilidad Fiscal.
El Senado aprobó anoche y giró a Diputados la Ley de Responsabilidad Fiscal, tras una fuerte presión del gobierno de Néstor Kirchner sobre el peronismo. Para asegurar la sesión, el Presidente y los ministros Alberto y Aníbal Fernández no dudaron en desautorizar a un funcionario que había agraviado a Raúl Alfonsín. Este conflicto con la UCR amenazó con dejar sin quórum para este proyecto.

Hubo polémica tras la votación porque llamativamente se dio vuelta un resultado que era desfavorable originariamente al oficialismo. La UCR puso en duda la legitimidad de la sanción por la sospecha del cambio del resultado.

La norma, exigida por el Fondo Monetario, impone un límite al endeudamiento de 15% sobre los recursos corrientes. Al mismo tiempo, crea un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en el cual el Estado nacional mantiene derecho de veto, una de las mayores objeciones que se le hicieron al texto desde la misma bancada PJ.

El salteño Marcelo López Arias compartió con el neuquino Pedro Salvatori, del MPN, la convicción de que el incumplimiento de la ley debería acarrear penalidades para los funcionarios. López Arias memoró que su distrito hace tiempo que viene reclamando que se sancione una Ley de Responsabilidad Fiscal. «Nunca tratamos de trabar la ley; por el contrario, quisimos hacer aportes al debate», comentó López Arias. «Quiero aclarar que muchas de nuestras observaciones han sido recogidas en el texto que se va a votar», agregó. «Por ejemplo, aun cuando no nos conforma por completo, consideramos positivo que se consideren intangibles los fondos especiales como el del tabaco.»

Consideró importante que se aplique la norma sólo a las provincias que adhieran. La iniciativa, según reconoció el miembro informante Jorge Capitanich (PJ-Chaco), fue motivo de interminables consultas con gobernadores y ministros de Economía de las provincias y no hay certeza de que vayan a cerrarse las rondas con el interior durante el tratamiento en Diputados, aun cuando Kirchner insista en la sanción tal cual salga de la Cámara alta, a la cual, finalmente, se le incorporaron correcciones menores a sugerencia del interior.

Capitanich, para apurar la sanción, limitó su exposición a la mínima expresión, a pesar de que sólo con el esfuerzo que le llevó consensuar un dictamen de Presupuesto y Hacienda tenía para varias horas de anéc-dotas.

•Modelos

Con el pie en el acelerador, el chaqueño habló de «parámetros de responsabilidad» y recordó que hay «modelos de coordinación en países federales donde se fijó un déficit fiscal admisible». «Queremos un país en el cual la solvencia fiscal sea una regla», concluyó. «Es una ley de adhesión y, por lo tanto, las legislaturas provinciales deberán ratificar lo que apruebe este Congreso», prosiguió. A continuación, explicó que «las sanciones para los que no cumplan son de carácter pecuniario». «Quienes violen la Ley de Responsabilidad sufrirán restricción del derecho a voto en el Consejo Federal que controlará el cumplimiento de la norma; a continuación, se suspenderán avales y garantías; luego, los regímenes especiales y, finalmente, las transferencias no coparticipables.»

El radical Ernesto Sanz (Mendoza) se quejó de que, tras una agotadora sesión para aprobar el pliego de Argibay (más de 7 horas de acalorados debates), se analizará un tema tan complejo. En nombre de su bancada, adelantó el voto en contra e insistió en que el proyecto del Ejecutivo apunta a archivar la discusión de una Ley de Coparticipación. «Están congelando los recursos primarios y la distribución queda en una relación de 70% para la Nación y 30% para las provincias», pataleó Sanz. «Recordemos que en la última Ley de Coparticipación, en 1998, 56% correspondía a las provincias, 43% al Estado nacional y 1% para ATN», memoró. Para la UCR, la discusión de esta ley debía complementarse con la discusión sobre la Coparticipación.

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