Se calienta lo del campo y mañana habla Kirchner

• El gobierno cree en una presión de las multinacionales cerealeras. Suspenden reuniones y hay acusaciones contra el sector agropecuario por no cumplir acuerdo de la carne. El 2 de mayo, fin de la tregua, parece fecha de colisión y no de acuerdo. • Habla Néstor Kirchner mañana en Ezeiza: se supone que definirá la dura posición oficial sobre el conflicto. Anticipan una ofensiva contra el sector. Mientras, se importa carne del Uruguay y si en 48 horas siguen cerradas las exportaciones, se cae la Cuota Hilton con la que Europa favorece a los frigoríficos. • Surge nuevo proyecto para aplicar Ley de Abastecimiento. Lo hizo el abogado de Hugo Moyano, Héctor Recalde. • Pedido oficial para demandar por 62 millones de dólares a los dueños de los campos quemados -esa ancestral costumbre de los productores- que provocaron el manto de humo en Buenos Aires. • Habría operativos de la AFIP sobre algunas megaempresas del agro: Dreyfus, en la mira. Mientras, Santiago Montoya advirtió a 114 mil ruralistas que llegó a su fin el beneficio de la prórroga impositiva. • Aceptó el fiscal federal Jorge Di Lello investigar por incitación a la violencia a Alfredo de Angeli, a quien le imputan además compromisos con los grandes pools del agro (también lo reprendió ayer Cristina al respecto, cuando consideró exagerado el reclamo de los productores lecheros).

Héctor Recalde

Expertos constitucionalistas no sólo advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento reflotada por el gobierno, sino que también manifestaron su preocupación por el inicio de un eventual proceso de expropiación contra los productores rurales.

La aplicación de esta ley incluso podría disparar una catarata de juicios contra el Estado si los chacareros afectados por las medidas del kirchnerismo apelan ante la justicia y llevan sus reclamos hasta la Corte Suprema.

«Es una ley setentista y poco garantista», fue el juego de palabras elegido por Jorge Vanossi, ex diputado y ministro de Justicia, para referirse a la Ley de Abastecimiento que le permitirá al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, secuestrar ganado, fijar precios máximos y hasta ordenar la detención de los productores que no lo obedezcan. «La vigencia de esta norma, dictada por Juan D. Perón en 1974, fue suspendida en 1991 por Carlos Menem y restablecida en 1999 a través de un decreto de necesidad y urgencia. Por eso, para poder aplicarla, es necesario que el Congreso la reponga a través de otra ley», explicó Vanossi a este diario.

Incertidumbre

«Los productores rurales no podrán ejercer su derecho de defensa en juicio, la potestad de revisión judicial es mínima y, además, hay una gran incertidumbre sobre qué aspectos de la ley siguen vigentes; de lo contrario, se configura una desviación de poder, algo que ya fue analizado por la Corte Suprema de Justicia», aseguró el ex diputado de PRO. Para este constitucionalista, los afectados podrán recurrir a la Justicia en primera instancia e incluso llegar al máximo tribunal del país a través de un recurso extraordinario.

Desde el oficialismo, el diputado y abogado de Hugo Moyano, de la CGT, Héctor Recalde, aseguró que ante las dudas que suscita la aplicación de la norma, presentó en la Cámara baja un proyecto aclaratorio de la Ley de Abastecimiento. «Los únicos derechos absolutos son la vida y la libertad; si hay alguien que no está de acuerdo con esta norma, que vaya a la Justicia», contraatacó el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y confirmó que el gobierno estará en condiciones de expropiar bienes en medio de la pelea con el campo.

Invalidez

«La expropiación, de acuerdo con la Constitución nacional, sólo puede realizarse con fines de utilidad pública. Y en el conflicto con el agro sólo hay una disputa sectorial», opinó Vanossi. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, la Ley de Abastecimiento sólo puede ser considerada válida en abstracto, pero su aplicación en casos particulares daría lugar a su invalidez. «Su vigencia se restableció a través de un DNU de 1999 que hasta hoy no fue ratificado por el Congreso», advirtió el experto.

Badeni también explicó que la norma colisiona con otra ley como es la de Emergencia Pública de 2002. «Regula aspectos de emergencia pública que ya están contemplados en la ley de 2002. Si hay choque de dos normas, la posterior deroga o suspende los efectos de la anterior», sentenció Badeni. Y agregó: «La Ley de Abastecimiento es un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo Nacional en materia de control de bienes y servicios. Le permite fijar precios, el margen de utilidad de los empresarios, los salarios y hasta incautar bienes. Da un amplio margen para violar las garantías constitucionales que protegen el derecho a la propiedad privada. Insisto en que su aplicabilidad es dudosa, porque se superpone con la Ley de Emergencia Pública».

El diagnóstico fue confirmado también por el constitucionalista Félix Loñ, quien aseguró que para poder aplicar la Ley de Abastecimiento hace falta una nueva ley de emergencia sancionada por el Congreso. «Dicha emergencia debería ser general, y hoy estamos frente a una crisis sectorial», aseguró.