Se enojaron la UIA y entidades del campo por un documento de bancos

Dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anticiparon ayer que mantienen disidencias de fondo con el documento de consenso que presentó la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) en el seno del Grupo Productivo (GP) y que adelantó ayer Ambito Financiero.

Pero más distancia tomaron cuando ayer se enteraron de que el titular de ABA, Eduardo Escasany, anunció su intención de acercarse también con la Sociedad Rural Argentina y la Cámara Argentina de Comercio. La idea de reflotar el Grupo de los Ocho sigue rondando la cabeza de los banqueros.

Ayer hubo duras críticas a las entidades en la asamblea que ayer se realizó en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la entidad más influyente dentro de CRA.

Sostienen que ya les dieron mandato a los dirigentes para que rechacen cualquier acuerdo con el sistema financiero. Además para la próxima reunión del GP con los bancos llevarán un pedido: plantearán que las entidades financieras privadas deben adherirse al régimen de la Ley 22.913 de emergencia agropecuaria que dispone que en caso de crisis (inundaciones, sequías, etc.) las tasas de interés que cobran caen a 50 por ciento y que no operan los vencimientos hasta 180 días después de superado el desastre.

Por otra parte, la UIA -representada por Sergio Eunaudi y Alberto Alvarez Gaiani-recibió en la reunión del miércoles del GP el documento que prepararon los bancos, que fue adelantado en exclusiva ayer por este diario, y sin aprobarlo dejaron aclarado que lo someterían a la decisión del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la entidad en la reunión del próximo martes. En los pasillos de la central fabril anticiparon que insistirán con el plan presentado por ellos, que ya fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva.

Sostienen que el documento elaborado por ABA, que propone un plan para bajar impuestos por $ 3.000 millones, «deja de lado los aspectos cruciales que afectan la competitividad de la producción, además de soslayar el costado social de la crisis». La industriales habían planteado la implementación de un seguro de desempleo para los jefes de familia desocupados financiado con la suba (restitución) de aportes patronales para el sector servicios.

Intención

«La sensación de la mayoría de los dirigentes de la UIA es que la intención de los bancos de forzar un documento conjunto responde al objetivo de bajar el tono de los pedidos del GP sobre medidas que puedan implicar un cambio de modelo económico o que terminen afectando sus propios intereses», expresó un alto dirigente industrial del interior del país.

Pero además sostienen que el documento no hace mención a un tema crucial como es la política comercial externa. En tal sentido aducen que no se hace referencia al endurecimiento en las negociaciones Mercosur y ALCA, y la oposición a la baja de aranceles. En este último punto, el plan preparado por la UIA establece un aumento de aranceles al tope de lo que permite la OMC y la suba de reintegros, como manera de mejorar el tipo de cambio real. Reclaman también la baja paulatina de encajes bancarios liberando recursos para prestar a la producción. Otro tema irrenunciable para las PyMEs es la posibilidad de compensar los créditos fiscales con otros impuestos.

Pero el problema fundamental, y lo que produce más distanciamiento, es la postura de los bancos con respecto al blindaje financiero que está negociando el gobierno.

Desde el campo también sostienen que apoyar una medida como la de permitir a las AFJP la inversión en fideicomisos que securiticen hipotecas del sector agropecuario es darle la posibilidad de que transformen deudas bancarias, de difícil cobro dada la situación de crisis, en activos físicos (como sería darle la posesión de los campos).