En las administraciones provinciales de todo el país se registra un excedente de 445.697 empleados públicos y 127.154 municipales que implican un gasto anual de $ 7.000 millones, el equivalente a la coparticipación federal de un semestre.
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Hoy 1.359.602 trabajadores ocupan puestos en el gobierno y 334.400 en los municipios, representando 11,5% de la población económicamente activa (PEA). Consecuentemente con las cifras, en la Argentina se producen fenómenos económicos insólitos como por caso, que en 7 provincias un miembro por cada familia de cinco integrantes sea empleado público. Cada «sobreempleado» provincial gana $ 1.010,96 mensuales promedio y a nivel municipal, $ 990. Los datos surgen de un informe de la Fundación Atlas titulado «Desempleo Encubierto en las Provincias», donde se relaciona la PEA con la cantidad de trabajadores públicos. La provincia que menos ocupados en el gobierno registra en comparación con los empleados del sector privado, es Córdoba (con 6,2 empleados de cada 100 integrantes de la PEA). Luego, se formula el supuesto de que esta provincia no tiene empleo redundante, que todos sus agentes están perfectamente asignados y que la cantidad y calidad de bienes públicos que provee es similar a la que otorgan el resto de las jurisdicciones. «Consideramos que el excedente de empleo provincial sobre PEA que supera la relación establecida es personal que no tendría que estar empleado en las administraciones provinciales», indicó Gustavo Lazzari, director de investigaciones de Atlas. «No hay razones geográficas, institucionales o técnicas que justifiquen una dispersión relevante en la relación empleo público provincial-PEA. Las diferencias se deben exclusivamente a la adopción de los estados provinciales como empleados de última instancia», aseguró Pablo Guido, Economista jefe de la Fundación.
Las siguientes son algunas de las conclusiones del informe:
• 33% de los trabajadores públicos «sobran». La cantidad de empleados públicos debería ser 913.903 (tomando las cifras de Córdoba). Es decir, que 33% de los trabajadores públicos estarían «sobreempleados».
• El desempleo real sería de 25,4%. La tasa de desocupación «corregida» por el desempleo encubierto sería de 24,4% por consecuencia del sobreempleo público. Agregando el sobreempleo municipal, la tasa ascendería a 25,4%, es decir, 3,9 puntos más que la oficial.
• Se gastan $ 7.000 anuales en «sobreempleados». Entre empleados provinciales y municipales de más, se van cerca de $ 7 mil anuales -lo que es igual a 30% del Gasto en Personal Consolidado-. «Si le otorgamos un subsidio a los 445.697 empleados públicos que estarían sobrando por un valor equivalente al ingreso promedio per cápita de la Argentina ($ 6 mil), el costo de un seguro de desempleo sería $ 2.674 millones anuales», indicó Lazzari. Por su parte, Guido explicó que «esto significaría un seguro mensual de 500 pesos, más del triple que el actual Plan Jefas y Jefes de Hogar».
• Si los sobreempleados reciben seguro de $ 600, se ahorraría 44% del déficit consolidado de las provincias en 2001. Otorgar el seguro de $ 500 a cada empleado que sobra implica un ahorro de $ 2.733 millones anuales en puestos provinciales y $ 860 millones en municipales.
• Datos preocupantes. La Consultora SEL estableció un ranking de empleadores ubicando en las 23 primeras posiciones a organismos públicos y gobiernos provinciales. Además, solamente en 6 jurisdicciones (Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Tucumán y Salta) hay menos de 1 empleado público en la PEA. En Chubut, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa, La Rioja y Santa Cruz, hay más de 50 empleados públicos cada 1.000 habitantes. En La Rioja, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, Tierra del Fuego y Neuquén, 20% de los ocupados son empleados públicos; y en Chubut, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Entre Ríos, más de 15 por ciento.
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