14 de agosto 2006 - 00:00

Se sabrá esta semana de cuánto será el aumento para jubilados

Intentará el gobierno definir esta semana cómo será el incremento para jubilaciones que ordenó la Corte Suprema, pero la tarea no será fácil. La realidad está lejos del procedimiento que fijó el Tribunal al obligar al Congreso a tomar una decisión: no son los diputados o senadores quienes determinan hoy el destino de los fondos del Presupuesto. Ellos mantendrán reuniones esta semana con Sergio Massa, jefe de la ANSeS, para buscar una salida. Pero sólo el gobierno podrá decidir si cuenta con los fondos en 2007 para financiar un incremento en los haberes. Por eso no se descarta -la Corte tampoco lo hizo- que la solución termine llegando de la mano de un decreto de necesidad y urgencia o por una orden que la Casa Rosada envíe al Congreso.

Sergio Massa
Sergio Massa
Los diputados y senadores del oficialismo siguen agendando reuniones con Sergio Massa, titular de la ANSeS, para definir los mecanismos que permitan ajustar las jubilaciones según lo ordenado por el fallo de la Corte Suprema. Mientras tanto, siguen surgiendo interrogantes sobre la verdadera posibilidad de que el problema sea solucionado por una decisión del Congreso.

La cuestiones a analizar son varias:

  • Si bien la Corte respetó no sólo el camino que fija la Constitución en la asignación de fondos -rol exclusivo del Parlamento- sino también el que indica la Ley de Solidaridad Previsional para garantizar la movilidad de los haberes, resulta casi ingenuo que, de la noche a la mañana, los legisladores se independicen del Poder Ejecutivo y decidan el monto de los incrementos. Nadie sueña con que un día los parlamentarios digan algo así como: «Tomemos parte del superávit y repartámoslo entre los haberes superiores a $ 1.000». Por lo tanto, las reuniones previstas para hoy, mañana y el jueves con Massa parecen más un ejercicio que un camino real de toma de decisiones.

  • Nada indica, tampoco, que sea excluyente el uso de una ley para asignar los fondos, ya que la propia Corte dejó abierto el camino a un decreto de necesidad y urgencia para reasignar fondos. Esto sería, además de lo más realista de acuerdo con las prácticas políticas, la única vía si lo que se quiere es dar una solución en los próximos 60 días. Es decir, pueden quedar para la Ley de Presupuesto Nacional las asignaciones para 2007, pero todo lo que suceda antes dependerá de una decisión del Ejecutivo.

  • El gobierno, al mismo tiempo, se encuentra en una encrucijada por estos días para terminar de cerrar las cuentas del Presupuesto 2007, antes de enviar el proyecto al Congreso el próximo 15 de setiembre. Como explicó este diario, es tal la cantidad de cajas y programas que reciben financiamiento automático que el problema no es que se haya modificado el superávit sino que éste reside en esas cajas y no está disponible automáticamente en el Tesoro. Por eso el apuro en obtener los «superpoderes» que le permitan reacomodar los fondos y la incomodidad que produce en estos días la «instrucción» que emitió la Corte con relación a las jubilaciones.

  • Decisión del gobierno

    Ya existió una reunión entre Massa, Alberto Balestrini, presidente de la Cámara de Diputados, y Carlos Snopek, jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A partir de ese día, el jueves pasado por la noche, se encargaron una serie de trabajos en el Congreso sobre las posibilidades para asignar los fondos, aunque se sabe que esa decisión llegará directamente del gobierno.

    Ahora, el nuevo grupo de kirchneristas que se entrevistará con Massa reunirá al presidente del bloque, Agustín Rossi, Snopek, y Enrique Thomas, de la Comisión de Previsión Social.

    El Senado tampoco quiere perderse el convite. Por eso organizó una delegación para visitar a Massa integrada por el jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, Jorge Capitanich, Miguel Mayans y Marcelo López Arias.

    Pichetto, curiosamente, fue uno de los pocos que tras la euforia del fallo de la Corte puso calma en el Congreso: «Haremos una evaluación cuidadosa, debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer», dijo.

    Capitanich también fue en la misma línea: «La instrumentación de los aumentos debe realizarse de acuerdo con la capacidad presupuestaria, pero también con el modelo macroeconómico de gestión».
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