Serio: otra provincia se declara en default

Felipe Solá

Buenos Aires - Felipe Solá habilitó una jugada previsible pero de alto riesgo: declarará el default de Buenos Aires al no pagar 25,5 millones de dólares (35,7 millones de pesos) de intereses a tenedores de bonos.

«La Argentina es parte del país, y el país entró en default», dijo ayer en La Plata y arriesgó que, aunque «momentánea», la cesación de pagos es «general» y abarcará los compromisos con organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial.

De este modo, Buenos Aires se sumará a la cada vez más larga lista de provincias que en los últimos dos meses incumplieron en el pago de su deuda: entre ellas, Chaco, Río Negro, Chubut y Tucumán.

La provincia buscará el amparo del default nacional -que declaró Adolfo Rodríguez Saá y ratificó Eduardo Duhalde- para renegociar esa deuda (colocada en euros a 12% anual en dólares y mayormente en manos pequeños inversores).

«Quiero ser justo: tenemos prioridades», argumentó Solá en referencia al pago de salarios a los empleados y el uso de fondos para dotar de insumos básicos a áreas sensibles del Estado como los hospitales públicos.

Bajo el mismo leitmotiv, desempolvó una remanida promesa administrativa: revitalizar la recaudación de impuestos mediante la persecución impiadosa de los grandes deudores y morosos bonaerenses.

«Les vamos a cobrar a los que más tienen», toreó Solá escaso en precisiones técnicas. Luego, fuentes del gobierno, confiaron que hay un plan para aumentar en 600 millones de pesos/año la recaudación provincial.

Esas voces aseguraron que el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, bajo la fiscalización del ministro de Economía, Jorge Sarghini, diseñó un «novedoso» programa recaudatorio y antievasión.

La preocupación es válida. El año pasado, Buenos Aires facturó alrededor de 3.500 millones de pesos, casi 15 por ciento menos que en 2000. Este año arrancó mal: en enero la caída roza 40 por ciento.

Por eso, Solá experimentó una mutación. Hace días suplicaba a los contribuyentes que paguen los impuestos; ahora amenazó -y promete cumplir- con salir a husmear en los registros contables de los grandes contribuyentes.

Tampoco descartó un recurso más extremo: difundir una lista donde figuren pelos y señales de los morosos fiscales de peso (ya los del Banco Provincia circulan profusamente por los despachos oficiales).

Ayer, en La Plata, debutó en el rubro: denunció «presiones» de la empresa Ferro Expreso Pampeano, propiedad del grupo Techint. «Pretende que les paguemos una deuda» que no reconocemos, dijo sin más detalles.

En paralelo, prometió «agilizar» la comisión creada para cobrar los 1.100 millones de pesos de deuda «sucia» (alguna con mal olor) que el Estado bonaerense, aun con Carlos Ruckauf, compró al Banco Provincia para sanearlo. Todo se explica en un mismo movimiento. Solá programó (y empezó a aplicar) un drástico recorte en el gasto bonaerense, básicamente a partir de reformas en materia salarial y de empleados públicos.

• Compensar

El gobernador entiende que esa poda se debe compensar con otros gestos: un fuerte ajuste en la política (ver vinculada) y mayor control impositivo sobre sectores de alto rango; los contribuyentes top (grandes empresas, countries, etc).

En ambos casos, reaccionó Solá, la preocupación es una: el problema del caos bonaerense no es sólo el desmesurado rojo fiscal sino la pésima gestión en materia de recaudación. Una obviedad.