Silencio, caso Greco

Cuatro páginas de este diario, hoy, están dedicadas al affaire del caso Greco, al pago oculto que se pretendió realizar con una ley del gobierno en el Congreso de la Nación. Una historia de ese episodio, algunos reportajes reveladores y la sensación tan inocultable -quizás, como el pago encubierto- de que el sistema político en la Argentina, en los últimos 30 años, mantuvo algunas complicidades de las que nadie quiere hablar. Ni siquiera en el presente. Un tema candente que, inevitablemente, producirá remociones y renuncias -al margen de lo que sostenga la Justicia- y que el resto de la prensa se olvidó de tratar en estos meses. Un dossier para leer.

Héctor Greco, cabeza del grupo mendocino. En las épocas de gloria, antes de 1980, llegó a controlar 45 bancos y empresas (izquierda). El Banco de Los Andes, brazo que financió las empresas, terminó con deudas con el Banco Central por más de u$s 1.000 millones (derecha).

La evasión de los principales dirigentes políticos argentinos:ni uno solo explica la razón por la cual favoreció, se distrajo o fue víctima del reclamo por 200 millones de dólares planteados en la Justicia por el Grupo Greco. Monto que, como se sabe, quiso aprobarse entre gallos y medianoche en el Congreso en noviembre pasado (proyecto del Ministerio de Economía) y que se bloqueó por la crítica que hizo este diario (durante meses ningún medio acompañó este tema) y la denuncia de algunos radicales. Silencio absoluto entonces de Raúl Alfonsín, Roberto Lavagna, Felisa Miceli y Néstor Kirchner, un cuarteto de primera línea en la actividad, ex presidente, ministros y un actual mandatario (también Carlos Menem debería aclarar la razón por la cual, en su administración, indultó a uno de los responsables del grupo). Por no hablar de otros funcionarios, altos y medios -por ejemplo, la Procuración del Tesoroaltamente comprometidos en el affaire.

UN PRIMER INTENTO

Sorprende que Alfonsín no defendiera su orgullo ético, ya que en su mandato se desistió de varios juicios a los Greco -lo que supuso también el pago de jugosas costas a los abogados de los privados, quienes desde entonces nunca dejaron de preocuparse por el tema-y se hizo un arreglo con el jefe de la familia, Héctor Greco. En ese primer convenio (devolución de algunas empresas con la condición de que luego paguen sus deudas con el Estado) participaron hasta las cabezas legislativas de los dos partidos -con la excusa de calmar la situación de los trabajadores afectados por la quiebra en Mendoza-, gestión interesada (casi todos eran de la misma provincia) a cargo de José Luis Manzano, Eduardo Bauzá, José Octavio Bordón (peronismo) y Raúl Baglini (radicalismo) que negociaron en un club de Chacras de Coria, Mendoza, por supuesto. Como no se cumplió con lo estipulado, más tarde hubo de establecerse otro convenio, el que por interés patriótico seguramente suscribió Alfonsín cuando hacía las valijas para abandonar apresuradamente la Casa Rosada (por ese entonces también firmaba, para no dejar nada colgado, las empresas que la Fuerza Aérea le derivó al Grupo Yabrán). Participante de esos acuerdos era el procurador, Héctor Fassi, sobre quien pesaron imputaciones controversiales por otros pagos que celebró y también entendía en la cuestión un abogado mendocino (Carlos García), quien más tarde sería su sucesor con Menem. Coincidencias apabullantes, sin duda. Por el silencio de Alfonsín, cuesta entender la prioridad que le otorgó a su último placet para los Greco cuando el país era asediado por el asalto a los supermercados, el desborde inflacionario y él estaba con la renuncia en la mano.

CAMBIOS EN LA CAUSA

Durante Menem, Domingo Cavallo en Economía, la carpeta de los Greco estaba en un departamento especial que no registró demasiado movimiento, congelada, procesos que al parecer enojaron a la familia reclamante o a sus letrados.

También se promovió un juicio de los Greco al Estado -singularmente, en la dirección de Jurídicos del Ministerio de Economía, no hay carpeta alguna al respecto anterior al 28 de diciembre de 200l- basado en la presunta falta de cumplimiento del contrato de la época de Alfonsín, al tiempo que ya había muerto en un accidente el jefe familiar encargado de recuperar las empresas (desde entonces, hubo más actividad jurídica, de abogados, que de los propios herederos). Tampoco ha hablado Eduardo Duhalde, ya que su ministro de Economía, Roberto Lavagna, consintió la demanda y, por lo tanto, se habilitó el veredicto del juez (Francisco de Asís Soto) que ordena el pago de una compensación. En rigor, este proceso se embarca más con la Administración Kirchner que en los tiempos del jefe bonaerense, pero también, algo él debe saber. Es en esos tiempos cuando se cambia el perfil de la causa, se advierte una omisión jurídica del Estado, lo que le concede la luz verde al pago. Si hay poco para reprocharle a Duhalde, no es lo mismo con quien él trajo como ministro, hoy candidato a la Presidencia. Una actitud demasiado reservada que no condice con quien ejerció -ya bajo el mandato de Kirchner- tanto poder y con quien aspira a ofrecer una vida mejor a los argentinos.

Nada es sencillo en la viña del Señor (sobre todo cuando parte del dinero que demandan los abogados de Greco es producto de existencias vinarias), vinieron luego discusiones en tribunales sobre los montos a percibir, incluyendo, claro, daños y perjuicios. Instancias legales que, por lo menos, modificaron el curso de los acontecimientos. Debates aparte, la flecha del pago estaba lanzada con Lavagna, solo había que determinar el impacto del blanco, que le correspondía al mismo gobierno pero con otro titular en Economía, Felisa Miceli. Tanto el ex ministro como la actual, como se sabe, ofrecen servicios de docencia en el exterior sobre cómo no pagar la deuda externa. No sería razonable también que enseñaran la forma en que se abonan otras cuentas.

LIGEREZA LEGISLATIVA

Lo único que no puede alegar este gobierno es ignorancia del tema, por más que se haya desgarrado las vestiduras con publicaciones en el Boletín Oficial propiciando investigaciones extraordinarias, sumariando personal o despidiendo a otros. Se había pronunciado con nitidez la Sindicatura (no pagar, más bien cobrar), hay antecedentes en la Auditoría General de la Nación y también se expidió la Procuración del Tesoro (el abogado del Estado) con la extrañeza de dos dictámenes distintos casi con 24 horas de diferencia en los que no precisa la inconveniencia de pagar. La presión judicial, por otra parte, fue tan evidente que al secretario de Finanzas, Alejandro McLoughlin, quien había evitado intimaciones varias, le terminaron pegando un cartel en su oficina diciéndole que la demora del pago le implicaría una multa personal de 500 pesos por día (hombre cuidadoso, a los pocos días renunció, nadie diría que por esta causa). Por otra parte, en el expediente también deberían aparecer cartas de senadores preguntando por la dilación en el pago. Y la ministra, anoticiada de todo este fárrago, con crédito suficiente para hacer efectiva la orden, también eludió la responsabilidad de hacerlo. Era demasiado compromiso. Más bien prefirió -tal vez, ella tenga otra lectura jurídica, pero hasta ahora estos son los hechos- compartir esa responsabilidad con la Casa Rosada (el Presidente, el jefe de Gabinete, el secretario general de la Presidencia) y derivó ese trámite al Congreso de la Nación con un proyecto de ley que, bajo el título de «pago a proveedores», sin ningún tipo de especificación, disponía la emisión de títulos para solventar distintos requerimientos. Demasiada ligereza en el Ejecutivo, por lo menos pensando bien, para apadrinar esa iniciativa.

Luego, con atónita desidia legislativa o una repugnante obediencia debida a las instrucciones del gobierno, la Cámara de Diputados votó a ojos cerrados el pago encubierto a los Greco. Ningún legislador oficialista siquiera se preguntó por esa gigantesca emisión de bonos, gente tan aplicada a cuestionar pagos del pasado. En el Senado, sin embargo, esa costumbre servil se alteró por una inquietud menor, comprensible: alguien de la oposición exigió detalles sobre la forma en que se repartirían los futuros títulos. Tema que comentó este diario y, desde entonces, comenzó a trepar la temperatura.

A UN PASO DE COBRAR

Porque ese simple pedido explicativo, casi de ciudadano común, desató múltiples reuniones con el bloque oficialista y sus principales espadas. Demoras, condicionamientos, consultas, amagos de enfrentamientos parlamentarios y, por último, apareció el papel guardado bajo siete llaves: allí, entonces, como las «mulas» que transportan drogas, se descubrieron los 200 millones de dólares para los Greco o sus representantes.

Algunos senadores del oficialismo, que antes decían desconocer esos montos, empezaron a cuestionar el pago. No había otro destino personal, despegarse fue la instrucción, sólo quedaron como corruptos sus diputados compañeros (curioso: el Senado era el desprestigio por las coimas del pasado, ahora le cedió ese título a Diputados). También el propio gobierno que había inducido y firmado el proyecto de ley se invistió de fiscal y denunciante de sus propios actos y, como por arte de magia, el oficialismo se convirtió en víctima en lugar de responsable. O culpable, más ciertamente. Igual fue lento ese proceso de asimilación, Miceli decidió investigarse a sí misma, se derivaron presentaciones a organismos del Estado especializados en controles, también comenzó a intervenir la Justicia, abundaron las distintas coberturas y, por supuesto, comenzó el período de las demoras: el reino del tiempo que todo lo olvida y, en ocasiones oculta, como si fuera la nómina de los Greco. También, claro, circularon otras historias de intereses, facturas políticas de un ministro sobre otro, la intervención presunta de familiares, la comidilla habitual que rodea a estos episodios. Lo cierto es que por un milagro, media sanción apenas, los Greco no alcanzaron un pago de 200 millones de dólares. Insólito, pero real, como se afirma en la televisión. Nadie renunció hasta ahora y, la realidad, es que persiste un silencio oprobioso sobre la responsabilidad de la millonaria contribución, sospechosa conducta en gente que vive de la palabra, que la utiliza todos los días en público. El escándalo ha sido tan vasto que, en algún momento, tarde o temprano, habrá que dar una explicación. Lo que acompaña a esta nota son aportes para que el caso no quede en las sombras, se ilumine una triste historia de rapaces y nadie, en el futuro, tenga que hacer homenajes a la memoria perdida.