Sólo 10% de los empleados recibirá el aumento de $ 100

Sólo un millón de trabajadores de los más de 11 millones comenzaría a recibir en los próximos días el aumento salarial de 100 pesos dispuesto por el gobierno. Automáticamente quedan afuera 8 millones de personas entre empleados públicos, el personal jerárquico, los autónomos, los trabajadores de las empresas monotributistas y, obviamente, los empleados en negro. Sólo un tercio de los tres millones de trabajadores restantes desempeña tareas en empresas que estarían en condiciones de cumplir con el pago. Se trata de empresas exportadoras y de sustitución de importaciones que tienen posibilidad de absorber sin problemas el aumento salarial. Otro tercio comenzó ya a negociar algún tipo de flexibilidad en el pago, como liquidarlo en 12 cuotas en lugar de 6, postergar el pago por unos meses o reducir las horas extra o las horas trabajadas. En este capítulo se encuentran las automotrices y empresas de servicios. El resto de las compañías directamente no lo pagará, al entender que están al borde de la supervivencia y que un aumento salarial implicaría su cierre. Entre éstas están las de la construcción, el comercio y las PyMEs. En estos casos se estudia declarar a la empresa en «procedimiento de crisis» ante el Ministerio de Trabajo. Un panorama que no contempló el gobierno por su apresuramiento en buscar soluciones a la crisis por decreto, cuando la realidad económica no da más lugar a este tipo de medidas.

Sólo un millón de trabajadores recibirían -sobre 11 millones en total, o sea menos de 10%- en los próximos días en tiempo y forma el aumento nominal de 100 pesos durante seis meses que dispuso el gobierno de Eduardo Duhalde. El resto de la fuerza laboral de la Argentina quedará, por diferentes motivos, fuera del beneficio.

Esto ocurrirá si se cumple la previsión del economista y experto en mercados laborales de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Juan Luis Bour, que aseguró a este diario que, del total de empresas del país que están alcanzadas por el aumento, sólo un tercio está en condiciones de cumplir normalmente con el pago de este incremento salarial nominal. Para Bour, otro tercio negociaría con sus empleados la manera de flexibilizar este pago, mientras que el restante tercio directamente no podrá cumplir por encontrarse en plena crisis. En estos últimos dos casos, la empresa debería solicitar una autorización al Ministerio de Trabajo para la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Una de las discusiones más serias entre los especialistas es conocer exactamente a cuántos trabajadores alcanzará el aumento salarial. Según el decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo, todos los empleados que figuren en los diferentes convenios laborales pero dentro del sector privado deberán recibir el incremento desde el salario de julio de 2002. Esto deja automáticamente afuera del aumento a una masa importante de empleados, comenzando por los del sector público, a pesar de tener también un convenio particular vigente. Tampoco recibirán el incremento los autónomos contratados por las empresas sin importar las condiciones de la relación laboral. Están, además, fuera los empleados que trabajan para empresas monotributistas, el sector agrario primario en general y los trabajadores domésticos. En total, esto quiere decir que automáticamente no están alcanzados unos 5 millones de trabajadores. Obviamente tampoco recibirán los 100 pesos los trabajadores autónomos independientes ni los empleados en negro. Están también descartados los empleados jerárquicos, que suman aproximadamente unas 200.000 personas.

En total, y teniendo en cuenta que la fuerza laboral empleada dentro del país suma 11,2 millones de personas, y que la obligación alcanza a unos 3 millones de empleados en relación de dependencia, quedan 8,3 millones fuera del régimen. Si se tiene en cuenta que, según Juan Luis Bour, sólo podrá cumplir con la obligación un tercio de las empresas alcanzadas, se llega a la cifra de sólo un millón de trabajadores que recibirán los 100 pesos.

El tercio que, para Bour, cumplirá puntualmente con el pago lo conforma la mayoría de empresas que pueden aumentar los salarios por estar en una situación económica favorable o por tener espaldas financieras para absorberlo. En este sector se ubicarían las empresas que tienen posibilidades de exportar (aceiteras, molinos y petróleo), las que están sustituyendo importaciones (papel y químicos) y las que tienen potenciales posibilidades de crecer en el mediano plazo y espaldas para absorber el aumento (alimentos y bebidas).

• Flexibilidad

Dentro del tercio que no podrá cumplir en tiempo y forma pero podría negociar algún tipo de flexibilidad se encuentran rubros centrales como las automotrices, el comercio de grandes tiendas, los servicios en general, los fabricantes de bienes de capital y el sector financiero, entre otros. En su mayoría están negociando en estas horas la posibilidad de pagar 50 pesos, pero extender la liquidación seis meses más, con lo que los empleados estarían percibiendo el aumento hasta julio de 2003. Otros sectores, con problemas más serios, hablan de reducir las horas extra o el horario normal, o directamente suspender a parte de los empleados.

El último tercio directamente no podrá liquidar los 100 pesos. En su mayoría se trata de rubros en situación terminal como la construcción, el comercio pequeño y mediano y la mayoría de las PyMEs. En este caso se trata de rubros donde lo que se debate es la propia supervivencia y un aumento en la nómina salarial de cualquier nivel implicaría simplemente el cierre del local o de la empresa.

Tanto los que piensan en la forma de renegociar y flexibilizar el aumento como los que consideran imposible aplicarlo, deben cumplir plazos legales para estar autorizados a no liquidar los 100 pesos. Según el laboralista Daniel Funes de Rioja, que en su momento estuvo en las discusiones con el Ministerio de Trabajo, una empresa deberá solicitar a la cartera que dirige Graciela Camaño la apertura de un Procedimiento de Crisis, amparado en el artículo 98 de la Ley 24.013 o de Empleo. Para Funes de Rioja, «sin esta condición previa, la empresa podría ser denunciada por alguno de sus empleados, por el sindicato o de oficio por el Ministerio de Trabajo». En realidad, no están muy claras cuáles serían estas sanciones, ya que en el decreto que pone en funcionamiento el aumento salarial no se explica en ninguno de los 9 artículos la forma en que Trabajo castigará a una empresa que no cumpla con el incremento de los 100 pesos.

Según Juan Luis Bour, este nuevo régimen tendrá efectos negativos sobre la próxima medición del índice de desempleo cuya encuesta se hará en octubre de 2002. Para el economista, las consecuencias se verán en una caída estacional de la demanda de trabajadores, por el costo de contratar a un nuevo empleado. Para Bour, «además del aumento en el costo, hay un temor en las empresas de que este incremento se incorpore desde enero al salario básico, con lo cual el costo laboral dejaría de ser temporal para convertirse en permanente».