"Subversión": veta hoy Duhalde la pena a negligencia de empresarios

Sólo se espera informar hoy al mediodía «a los senadores primero para que no se enteren recién por los diarios», y se difundirá el veto presidencial al poco serio artículo de reforma del Código Penal incluido en la derogación de la ley de «subversión económica». Por una «cuestión de imagen» y por demagogia de parlamentarios que inevitablemente debían votar eliminar el absurdo de la ley llamada de «subversión económica», se incluyó en la derogación el artículo 4°, que dibujaba un nuevo absurdo: el empresario, banquero o comerciante que en el riesgo de sus decisiones al frente de empresas cayera en «negligencia» pasaba a ser penado no ya con multa sino con prisión. Era una invitación a que nadie invirtiera en el país desde el mismo momento en que es difícil, por no decir imposible, determinar cuándo alguien que arriesga una operación dirigiendo empresas o entidades y afectando capitales actuó con «negligencia». Ese artículo 4° -que marca el nivel bajo de nuestros legisladores, que lo propusieron y aprobaron- fue derogado porque «se quebraría una tradición del Derecho Penal argentino en el sentido de no incluir figuras imprudentes en delitos patrimoniales», dirá el decreto del veto.

Eduardo Duhalde firmará hoy el decreto de promulgación de la ley que derogó la «subversión económica» con el anunciado veto del polémico artículo cuarto, que penaba la «negligencia» en negocios, después que esta noche se reúna con los senadores peronistas en un asado en la Residencia de Olivos, donde se les explicará la decisión. El decreto de promulgación en realidad está listo desde ayer, pero Duhalde no quiere complicar su relación con el bloque de senadores. Por eso organizó para hoy una exposición de Jorge Vanossi sobre las implicancias de mantener vigente el artículo que incorporó al Código Penal sanciones para los empresarios que por imprudencia o negligencia hubieran tomado decisiones erróneas sobre el futuro de sus empresas. El veto forma parte de los pedidos que el FMI le hizo a la Argentina para reforzar la seguridad jurídica, pero Duhalde no quiere que trascienda esa explicación. Por eso se entiende la justificación jurídica para la eliminación de ese artículo que, también, es cuestionado desde distintos sectores.

Un rato antes, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, ingresará en el bloque peronista, de Diputados. Allí deberá explicarles los alcances del plan Bono, la marcha de la negociación con el FMI y responder a una consulta de la bancada sobre un proyecto del mendocino Arturo Lafalla, que virtualmente estatiza las reservas de petróleo limitando su disponibilidad por las empresas.

En la cena de hoy en Olivos no estará presente todo el bloque peronista. El Ejecutivo decidió sólo invitar a los 32 integrantes que votaron a favor de la derogación. No estarán entonces los ocho disidentes que complicaron la sanción.

El decreto que establece la promulgación de la ley veta el artículo cuarto. Allí se establece: «Incorpórase como artículo 174 bis del Código Penal lo siguiente: «Artículo 174 bis: será reprimido con prisión de seis meses a dos años quien, por imprudencia o negligencia o violando los deberes a su cargo, cometiere o prestare su consentimiento o concurso para la realización de los actos mencionados en el inciso 6° del artículo anterior».

Esos actos consisten en: «afectar el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minero o destinado a la prestación de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de las materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital».

• Agravamiento

En realidad, esta incorporación al Código Penal había sido denunciada, incluso por algunos opositores al proyecto total de derogación, como un agravamiento real de las penas contenidas en la ley de «subversión económica». La cuestión llega a tal punto que el propio Jorge Yoma, que intentó frenar la derogación de la ley de «subversión económica», ya aclaró: «Ni pienso insistir en la sanción originaria, porque lo que veta el gobierno es lo más racional que puede hacer».

Ese miedo a que el Congreso insista contra el veto presidencial fue otro argumento para que Duhalde organizara la puntillosa explicación de hoy de Vanossi.

La explicación que dará el ministro está incluida en los considerandos del veto: «Nuestro Código Penal ha sido muy restrictivo a la hora de incorporar figuras culposas o imprudentes, haciéndolo sólo cuando se protegen bienes jurídicos de máxima importancia político-criminal como la vida, la integridad o la seguridad de las personas», dice el texto.