«En seis semanas hacemos el acuerdo.» Así se expresó ayer, en la intimidad, el titular de Repsol YPF, Antoni Brufau, casi develando un presuroso deseo de la compañía por desprenderse de una parte de sus activos. En rigor, se advierte una acelerada intención en la empresa española por colocar sus acciones -con la obvia vinculación de ciertos medios en propiciar la iniciativa-, casi más velocidad que la de los propios interesados en comprar. Y, en este juicio, se incluye a la gente del propio gobierno que gustaría vestirse, antes de las elecciones de octubre, con el ropaje nacionalizador de una empresa que se vendió en los 90: oficialistas unos dispuestos a participar en el negocio de la «argentinización» y, otros, eventualmente inquietos por falta de inversiones o presunta mala gestión de los actuales mandantes peninsulares en el área energética.
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Si la expresión de Brufau pudo ser secreta, en cambio fue pública una aclaración de la propia empresa sobre montos y cotizaciones que, el día anterior, había revelado un vocero oficial de Repsol. Algo insólita la desmentida, por lo menos, ya que la declaración fue expuesta ante varios banqueros luego de haber sido analizada con pulcritud durante varios meses. Se dijo en ese encuentro que 45% de la compañía valía 10 mil millones de dólares, para desdecirse en la víspera de que ése no era el valor consignado (no precisaron, en cambio, cuál era el precio que reclamaban). Casi como si fuera una inédita subasta pública -cuando en rigor todo se ha manejado con particular secreto-, varios posibles intermediarios locales (ya que sólidos compradores argentinos no se conocen por la magnitud de las cifras) hicieron comentarios humorísticos sobre el volumen que imaginaba obtener el directorio español.
Lo cierto de todo este pavoneo empresario es que, la manifestada voluntad del gobierno por colocar capitales argentinos en Repsol ahora parece superada por el vértigo de la propia compañía, más interesada -en apariencia- en partir de la Argentina que en permanecer. Tendrá sus razones, sea por la falta de actualización tarifaria o por otros temores, como posibles contaminantes estatizadores que caracterizan la región. No habrían alcanzado, en ese sentido, expresiones tranquilizadoras vertidas por Néstor Kirchner -quien en España ya manifestó «no lean mis declaraciones, miren lo que hago»-, tanto al primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero como al propio rey Juan Carlos, quien más de una vez expresó casi un interés personal por Repsol (cuando admitía que la empresa «es España»).
En principio, Repsol pretende desprenderse de una porción de YPF (hablan de 20% en acciones y 25% a un comprador específico). O sea, sale en parte y progresivamente de la Argentina. Aunque, claro, Repsol también ofrecería luego liquidar activos en otros países de América del Sur, sea Bolivia -donde tiene problemas-, Venezuela y hasta Brasil, donde su performance ofrece menos cuestionamientos. No imagina, en cambio, salirse de sus plantas de gas licuado en Trinidad-Tobago (abastece a España) ni de Perú, con ventas a la costa oeste de los Estados Unidos, negocios rentables y menos complicados. Por lo tanto, la operación financiera futura no implicaría a una sola compañía (Repsol), sino a tres (sumando a YPF y a la de GLP). Tampoco implica, se supone, una estrategia del país peninsular por apartarse de negocios dudosos en la región.
Frente a la oferta por YPF hay bancos deseosos de intermediar capturando fondos en el exterior (Eduardo Elsztain, el Santa Cruz) y hasta algún empresario con volumen propio para participar (caso Eduardo Eurnekian) o colegas menores con propósitos de negocios puntuales (Cristóbal López, por ejemplo). En España, como se sabe, los ejecutivos de Repsol han prometido venderle a gente del mayor prestigio y calidad de la Argentina, comparable a la misma Repsol, dato que seguramente cuestionará la oposición (léase el Partido Popular) si llegara a observar máculas en la futura operación.
Hay quienes sospechan que el intento de velocidad en la venta obedece a necesidades de previsionar en los balances de la compañía, luego de algunos ejercicios no precisamente óptimos en la ecuación ganancias y reservas. Es decir, que la premura obedece a explicaciones propias de Repsol a sus accionistas. Es una teoría. La otra, finalmente, pasa por el controvertido precio y la forma de integrarse a la empresa. Ya que, se supone, nadie derivará cientos o miles de millones de dólares para escuchar, como minoría, una vez por mes, cómo van los negocios en boca de Brufau. Más cuando, ciertamente, hay preocupaciones diversas sobre la propia gestión. Por lo tanto, se estima que el management podría también cambiar de mano, al menos en parte (ya que, Repsol, bien podría decir: ¿por qué voy a cederte la conducción cuando yo tengo la mayoría?). Dilema a resolver poco claro.
Reservas
Otra cuestión es la caída de las reservas, tema sobre el cual YPF padece juicios en Nueva York -hablan de tres accion class- y Repsol soporta reclamos semejantes por no haber acertado en sus cálculos. Se estima que estas fallas, ya reconocidas, no son sólo producto de una falta de inversión o por mal gerenciamiento: simplemente no se encuentra, con seriedad, petróleo y gas desde hace muchos años. Con lo cual, el valor de la empresa se vuelve discutible, aunque haya quienes imaginen eventuales riquezas submarinas en las cuencas atlánticas. La naturaleza del negocio, entonces, se vuelve seriamente afectada cuando se mencionan montos y, sobre todo, cuando se compara lo que invirtieron los propios españoles en su momento, a pesar de que entonces el barril cotizaba a 14 y hoy supera los 60 dólares.
Se supone que este complejooperacional futuro no incluirá improvisados ni voluntarios exclusivamente, sólo avezados expertos para vender y otros en la misma condición para comprar. Gente que se dedica en suma a los negocios, para quienes las palabras « nacionalización», « privatización» o «argentinización» son meros instrumentos de beneficios corporativos. Nadie sabe quién será el beneficiario final (algunos piensan que los participantes locales compiten con ventajas, ya que podrán cambiar la fijación de tarifas por ejemplo). Sólo parece imprescindible alguna modificación en el precario cuadro energético de la Argentina con la incertidumbre de Repsol, con concesiones dudosas al grupo Bulgheroni en el Sur aprobadas por mayorías parlamentarias que ni conocen los contratos (además, ni se consiguen en Internet) ni saben que los anexos tienen o no folios. O con obras paralizadas en gas y electricidad por el huracán judicial de Skanska hasta octubre por lo menos cuando la emergencia de los cortes ya ingresó a casas, fábricas y tránsito. En esas condiciones, el país no podrá presumir de una tasa de crecimiento como la actual por más -inclusive- que lo beneficien los precios internacionales. Ya que no se puede vender lo que no se puede producir por falta de sustento energético.
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