También Cavallo fue contra los vales. Perdió siempre

Domingo Cavallo

La pelea por la supervivencia de los tickets como opción de un suplemento salarial ya pasó a ser un clásico de la liturgia económica local y lucha encarnizada de lobbies. De un lado, los empresarios del sector emisor de los vales y del otro, en general, la corporación sindical. En el medio, funcionarios y legisladores. Pero siempre hubo un poco claro manejo a la hora de convalidar la vigencia de una alternativa que comenzó a implementarse a fines de los 80 en medio de los vientos de las reformas laborales.

Prerrogativas, dádivas de diversa índole y otros oscuros intercambios siempre sobrevolaron sospechosamente al sistema en cuestión. Hoy se denuncian ofrecimientos de «bicicletas», «camionetas» o «Mercedes-Benz», en un millonario negocio. Por aquellos tiempos, cuando aún no regía la convertibilidad, también se presumieron consensos poco claros.

Protagonismo

Pero desde su creación en 1989, esta batalla tuvo en dos oportunidades como principal protagonista al ex ministro Domingo Cavallo, en la segunda presidencia de Carlos Menem y luego en la gestión de De la Rúa.

A mediados de 1996, casi un mes antes de su partida del gobierno menemista, el apetito fiscalista de Cavallo embistió contra el sistema de tickets, al que calificaba como un «lamentable error». La cartera laboral estaba en manos de Armando Caro Figueroa. Hacia allí se dirigieron los reclamos del sector empresario agrupado en la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (CEVAS), que desde ese entonces estaba comandada, entre otros, por Carlos Lynch en la vicepresidencia.

El creciente déficit fiscal hacía que el otrora superministro echara mano también a gravar el pago con tickets canasta y/o vales de comida como complemento no remunerativo del salario. Cavallo esperaba recaudar más de $ 250 millones al cancelarse el beneficio de los tickets y gravar con 14% otros vales para financiar asignaciones familiares. En esa época, alrededor de 17.000 empresas utilizaban el sistema de tickets o vales para pagar parte de los sueldos, cuyo total de beneficiarios era menos de un millón de trabajadores en relación de dependencia.

La respuesta sindical no se hizo esperar y declaró un paro general convocado por la CGT y el MTA, en repudio a la reducción de las asignaciones familiares y el gravamen de los tickets canasta.

En 2001 tuvo lugar otro titánico esfuerzo por mejorar la deteriorada situación fiscal y reactivar la economía del gobierno de la Alianza. A mediados de 2001 Cavallo lanza un paquete de medidas entre las cuales también incluía los tickets y vales. Sólo permitía a las empresas la posibilidad de pagar hasta $ 150 mensuales de vales de comida a sus empleados, libres de impuestos y cargas para el empleador. Esto, junto con otros cambios impositivos, apuntaba a recuperar el poder adquisitivo de los asalariados, según Federico Sturzenegger, secretario de Política Económica de la segunda gestión Cavallo en el Palacio de Hacienda. Ya más de 21.000 empleadores eran clientes del sistema de tickets y vales, involucrando un universo de beneficiarios de más de 1,5 millón de trabajadores.

Vale señalar que la normativa vigente data de 2001 y viene siendo prorrogada desde 2003 por la actual administración, pese a la presión sindical encabezada por el diputado Héctor Recalde, que está impulsando la derogación del sistema.

En ambos casos, la turbia pelea por la supervivencia de los tickets y vales tenía a los trabajadores como meros espectadores ya que las huestes sindicales priorizaban la recaudación de las cajas gremiales con el blanqueo de salarios e incorporación de estos beneficios a las remuneraciones.

Hasta hoy, el decreto presidencial 592, firmado en 1995 por Carlos Menem, fijaba un máximo de $ 15 para «el importe por día hábil» que el trabajador podía percibir «en concepto de vales de almuerzo». La nueva normativa (Resolución 1.371) del Ministerio de Trabajo actualizó esa suma hasta los $ 25 por día hábil. De este modo, el máximo mensual a pagar como parte del sueldo de un trabajador pasará de los $ 330 a los $ 500.