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Durante el fin de semana trascendió que el proyecto de ley apuntará en particular a los dos precios que más preocupan al gobierno: el precio mayorista de la energía eléctrica y el del gas en boca de pozo. Sin embargo, ambos precios están desregulados, y las empresas generadoras y petroleras que producen respectivamente electricidad y gas no están incluidas en la ley de emergencia, y, por consiguiente, el Ejecutivo podría modificar esos valores sin necesidad de una nueva ley.
El proyecto impulsado por Lavagna parecía dirigido en particular a las empresas privatizadas con tarifas reguladas, porque son las que están comprendidas en la ley de emergencia, y ésta no permite aumentos de emergencia hasta que no se hayan revisado los contratos de concesión.
De este modo, aun cuando el proyecto de ley sea firmado por Kirchner y aprobado por el Congreso, el gobierno tiene un doble discurso en este tema, como si todavía no tuviera definido si la nueva norma legal se usará o no para dar aumentos a cuenta de la renegociación, como había prometido Lavagna al Fondo Monetario.
Una definición segura es que los aumentos no serían antes de setiembre y que probablemente se difundan después de las elecciones en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Tras esos comicios, los ajustes que se autorizarían son los de la energía y el gas en yacimiento.
Por otra parte, para renegociar los contratos, el gobierno tiene que definir mediante un decreto la comisión renegocia-dora, la que según trascendidos oficiales, pasaría a reportar en forma conjunta a los ministros de Planificación y Economía.
Hoy esa comisión sigue funcionando bajo la dirección de Gustavo Simeonoff, pero tiene el plazo vencido y continúa bajo la órbita de Economía, cuando las Secretaría y entes reguladores relacionados con las privatizadas pasaron al área de Planificación.
