Tras el caso UBS, Suiza debatirá el secreto bancario

La Autoridad de Vigilancia de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) autorizó a UBS, con el aval del Gobierno, a entregar de inmediato al Departamento de Justicia de EEUU los nombres de unos 300 clientes estadounidenses.

La validez, permanencia, bloqueo y necesidad del secreto bancario será debatido en el Parlamento suizo tras la decisión, avalada por el Gobierno helvético, de transmitir a Estados Unidos los datos de 300 clientes de UBS.

La Autoridad de Vigilancia de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) autorizó el miércoles a UBS, con el aval del Gobierno, a entregar de inmediato al Departamento de Justicia de EEUU los nombres de unos 300 clientes estadounidenses a los que ayudó a defraudar al fisco de su país, por lo que también pagará una multa de 780 millones de dólares.

La decisión, que supuso una "excepción" a la legislación que rige el secreto bancario en Suiza, ha generado la polémica en la sociedad helvética, en particular entre la clase judicial y política.

El Parlamento debatirá esta "crisis nacional", como muchos la han llamado, en la primera sesión de primavera, que comienza la próxima semana.

Los dos extremos del hemiciclo, los verdes y el ultraderechista UDC, quieren que se realice un debate urgente, pero con objetivos opuestos: los primeros para acabar definitivamente con el secreto bancario, la segunda para ver la manera de blindarlo.

De hecho, la filial de UDC en el cantón italiano de Ticcino ha adelantado que promoverá una iniciativa popular para lograr que el secreto bancario se incluya en la Constitución y sea inamovible e inviolable.

El texto de la iniciativa establece que toda persona tendrá el derecho de ingresar dinero en una cuenta en Suiza, con la seguridad de que la confidencialidad será respetada, y que sin el consentimiento del cliente ningún dato será entregado a una autoridad extranjera.

Especifica que el secreto bancario no debe cubrir ninguna actividad criminal, como el terrorismo, el crimen organizado o el blanqueo de dinero, y determina en qué casos y circunstancias Suiza debería colaborar en una investigación penal.

Los socialistas, los demócrata-cristianos y los liberales, más moderados, quieren que el Consejo Federal (Gobierno) designe un grupo de expertos que se dedique exclusivamente al examen del secreto bancario.

Por otra parte, prosigue la polémica sobre la decisión del Tribunal Administrativo Federal (TAF) de prohibir a título "superprovisional" la transmisión de informaciones de ocho clientes de UBS, el mayor banco de Suiza.

En la práctica, la decisión, anunciada el viernes, fue en vano porque los datos fueron transmitidos a las autoridades de Washington el pasado miércoles, dos días antes.

El presidente de la TAF, Christoph Bandli, negó hoy que el tribunal actuara con lentitud, como sugirió el presidente de Suiza, Hans-Rudolf Merz.

"Es mezquino e injusto echarnos la culpa", declaró Bandli al diario "Sonntag" y recordó que, en una situación normal, la decisión habría tardado de diez a veinte días.

"Éramos conscientes de la urgencia de la situación y, por eso, aceleramos el proceso", agregó Bandli, quien no quiso pronunciarse sobre la validez de la acción de la FINMA, muy cuestionada.

El portavoz de la FINMA aseguró que la Autoridad actuó en todo momento dentro del marco de la ley, una visión que comparte el director de la Asociación Suiza de Bancos, Urs Philipp Roth.

Por su parte, el abogado de los ocho clientes de UBS que pretendían evitar que sus datos fueran transmitidos a las autoridades estadounidenses, Andreas Rüd, se plantea interponer un proceso contra la Confederación Helvética por la actuación de la FINMA.

El abogado asegura que hasta la fecha no sabe qué datos han sido transmitidos.

"¿Eran los mismos documentos que Estados Unidos pedía en su proceso penal? ¿Son los informes completos o sólo los nombres de los clientes? Nosotros no sabemos nada", lamenta.