Trenes: juez citó a Machinea para decidir sobre la suba

El juez Osvaldo Guglielmino en cuyo juzgado tramita la demanda por el aumento de 10 centavos en los pasajes de los trenes, convocó para el próximo jueves a una audiencia entre el ministro de Economía, José Luis Machinea, y el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, que es el demandante, según se supo ayer en Tribunales.

Contrariamente a lo ocurrido con el recurso de amparo presentado por el mismo Mondino con motivo del aumento en el autotransporte de pasajeros, en cuyo caso el juez Martín Silva Garretón actuó con rapidez inusual y obligó a dar marcha atrás con la suba, Guglielmino parece más reticente a adoptar una decisión.

En el caso del aumento en los trenes no se trata de un recurso de amparo sino de un juicio ordinario iniciado por Mondino contra el Estado nacional por haber decidido el ajuste antes de que terminara la consulta pública abierta por el propio gobierno y antes de que estuvieran firmados los decretos en los que se establecen las obras que se financiarán con los ingresos adicionales.

Deuda

Mondino cuestionó además que parte de la suba se destine a cancelar deuda del Estado, lo que implicaría un impuesto sobre el pasajero, y también que el fondo con la recaudación sea administrado por la propia empresa concesionaria.

La audiencia entre Machinea y Mondino, convocada por el juez, no tiene carácter conciliatorio, sino que está planteada como una instancia para escuchar las posiciones de las partes.

Curiosamente, el aumento en trenes, que sigue vigente, fue resuelto con mucha más desprolijidad que el de colectivos. En realidad, el Estado siempre adecuó las tarifas del autotransporte en función de los costos y no tuvo problemas judiciales. En este caso, tanto Mondino como el juez Silva Garretón se fundamentan en un decreto de 1994 que obligaría a consultar con el público antes de proceder a un ajuste.

Desprolijidad

En los trenes, en cambio, el Palacio de Hacienda actuó de una forma desprolija y de alguna manera sospechosa. Después de 10 meses de revisar con las empresas las rene-gociaciones hechas por el gobierno anterior, el gobierno debió dictar los decretos con los nuevos términos pactados y habilitar de esa manera el aumento en los pasajes.

Pero una medida cautelar impuesta por la jueza Sarmiento ordenando no innovar en las tarifas de Ferrovías, impulsó a Economía a decidir por una resolución la suba para ese concesionario (Belgrano Norte) y para los demás, antes de ser notificado de la disposición judicial aun cuando ésta era de conocimiento público y antes de que terminara la consulta pública.

Además, en la resolución se incluyen las tarifas de Metro-politano siendo que con este concesionario, Economía no pudo avanzar en la revisión porque hay un conflicto entre los socios que impide determinar cuál es el interlocutor válido.

En la misma resolución se incluye también el aumento de 10 centavos en los subterráneos, siendo que el contrato de Metrovías había sido firmado durante el gobierno anterior y está en ejecución desde antes de que asumiera la actual administración. El ajuste era el que correspondía aplicar en esta fecha, de acuerdo al cronograma establecido en el decreto que aprobó la renegociación, por lo que se mezcló en una misma resolución situaciones de distinto avance y legitimidad.