8 de julio 2002 - 00:00

Ubican déficit en $ 4.390 millones

El déficit fiscal del segundo semestre del año será de $ 1.100 millones, un tercio del desequilibrio registrado en igual período del año pasado, debido a que habrá unos $ 4.000 millones de incremento en la recaudación, por efecto de las retenciones y del impuesto a la inflación que compensará la caída en el nivel de actividad y la menor recaudación de ganancias. Con ese resultado, para todo el año se espera un rojo de $ 4.390 millones en las arcas del Estado.

El pronóstico fue realizado por Fundación Capital, en su informe económico semanal. Sin embargo, advierte que, a diferencia de lo sucedido en la primera mitad del año, las dos componentes del gasto aumentarán con respecto a un año atrás. El gasto primario crecerá por el mayor nivel de transferencias a provincias y al sector privado, mientras que los intereses pagados crecerán levemente por el impacto de la devaluación.

El informe advierte que, a pesar de la lectura favorable que se puede hacer a partir de la reducción del déficit como proporción del producto (que desciende de 3% a 1,3%), esta lectura se suaviza cuando se evalúa el superávit primario como proporción del producto, ya que sólo mejora de 0,5% del PBI registrado el año pasado a 0,8%.

Asimismo, «si se consideran los intereses sobre la deuda en default, el desequilibrio se eleva a 6% del PBI, con una deuda en torno a 160% del producto, dinámica que se retroalimenta con la devaluación de la moneda dado que el PBI se licua más que el déficit y la deuda pública, potenciando la magnitud del default necesario para dar sustentabilidad a las cuentas públicas», explica Fundación Capital.

En ese sentido, la entidad que dirige Carlos Pérez anticipa que «con una inflación proyectada en 80% anual, llegará un punto en el que las presiones sobre el gasto público primario se harán insostenibles. A solo efecto ejemplificador, si se replicaran en el sector público las condiciones del acuerdo de incremento salarial alcanzadas en el sector privado, ello significará un costo adicional para el Estado de $ 5.000 millones anuales, equivalente a 1,5% del PBI». Llegado este punto, el informe observa que el Estado nacional seguramente tendría que recurrir al financiamiento a través de emisión monetaria.

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