Los representantes del interior en la Unión Industrial Argentina (UIA) intentarán influir sobre los diputados y senadores de sus respectivos distritos para tratar de torcer el destino de la polémica ley de accidentes de trabajo cuando la misma sea finalmente girada por el Ejecutivo al Congreso.
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Esto fue lo conversado el martes en la última reunión de la Junta Directiva de la central industrial, en la que los empresarios provinciales esbozaron una no muy velada crítica a la supuesta pasividad de la conducción de la entidad ante el avance de ése y otros proyectos en materia laboral.
Desde los más altos estamentos de la UIA les respondieron que «si no fuera por las gestiones y las conversaciones que venimos sosteniendo con el gobierno, es muy probable que el proyecto de ley ya hubiera sido enviado al Legislativo, en su versión más complicada para nosotros».
En la actualidad la iniciativa, que «nació» en el Ministerio de Trabajo y fue modificada luego por Héctor Recalde -diputado y principal asesor legal de la CGT- se encuentra en el despacho del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Y si bien no ha trascendido si ese hombre clave en el esquema del gobierno aceptará alguno de los numerosos pedidos (casi de clemencia, podría decirse) presentados por los empresarios, es posible que la ley conserve las aristas más complicadas para ese sector: convalidación del fallo de la Corte Suprema que habilita la «doble vía» ( posibilidad de cobrar la indemnización de la ART y luego apelar a la Justicia para obtener un monto mayor), participación del sindicato en algunos aspectos de la conducción de la empresa, responsabilidad « ilimitada» (si un albañil sufre un accidente, podrá demandar no sólo a su empleador sino al dueño de la casa en la que está realizando una reforma, por caso) y otros.
Efecto negativo
«Lo que hay que explicarles a los legisladores es que, de sancionarse esa ley y otras que quiere hacer votar Recalde, tendrán un efecto muy negativo sobre la creación de empleo», les dijo a sus pares del interior un alto dirigente de la UIA.
El industrial agregó que, si bien Recalde preside en Diputados la Comisión de Legislación Laboral, «hay que tratar de hacerle entender nuestro punto de vista y los peligros de una legislación como la que se pretende sancionar a los presidentes de las comisiones de Industria (Dante Dovena) y de Pymes ( Mercedes Marcó del Pont)».
Cabe apuntar que Dovena, que fuera diputado por Santa Cruz pero que en la última elección «retornó» a la provincia de Buenos Aires, es uno de los principales operadores de Néstor Kirchner en el Congreso; de ganarlo para su causa, los industriales tendrán en él un hábil y poderoso abogado para su causa.
Pero aun cuando esto fuera posible, es más que obvio -tal como sucediera con otras leyes- que si desde Casa de Gobierno se da la orden de «aprobar», no habrá lobby ni conversaciones capaces de torcer la voluntad del habitante de Olivos.
La pregunta que cabe hacerse, sin embargo, es por qué el Ejecutivo demora el giro del proyecto al Congreso. Habrá que pensar que se busca evitar más roces con el sector industrial, al que se ve más «amigo» en la coyuntura que las empresas de servicios y (desde ya) el campo. En sentido inverso, los industriales saben que sus penurias en materia de legislación recién empiezan: los proyectos que impulsa Recalde les quitan el sueño casi tanto como el de las ART.
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