1) Tienen que normalizar el pago a acreedores. Países como Brasil no pueden ser severos y serios con sus economías si se le permite a un vecino como la Argentina que haga lo que quiera con su endeudamiento internacional.
2) Tienen que aportar a cancelación de deuda con organismos y acreedores 3,8% del PBI.
3) Deben saber que no nos pueden asustar con qué pasa si cae en default total la Argentina. Ni Brasil, ni Chile ni Uruguay se caerían y casi ni se afectarían en el actual contexto internacional.
4) No pueden seguir hablando de 75% de quita. Deben pensar en conformarse con 50% (sería esta posición de mínima para acercarse a lo que logró Rusia en 1997, el máximo de quita con 65%).
5) Japón, Italia y Gran Bretaña hoy deben ser considerados «irreductibles» en cuanto a votar contra la Argentina en el directorio del Fondo si no cambia la actitud sobre los acreedores privados. Además deben saber que el G-7 (que integran esos tres países) no tiene como política permanente votar divididos en el directorio del Fondo Monetario como sucedió sobre la Argentina el 28 de enero pasado para aprobarle la primera revisión del acuerdo y cuando estamos en vísperas de votar la segunda revisión.
6) Sin bancos importantes no hay sindicato aceptable para negociar la deuda de u$s 88.000 millones con acreedores privados. (Recuérdese que habían renunciado a integrar ese sindicato negociador con bonistas Morgan Stanley y Goldman Sachs. De entrada no se presentaron Citigroup, Merrill Lynch, JP Morgan ni Deutsche Bank).
La estrategia del gobierno es creer que esta nueva revisión del Fondo que empieza el lunes en Buenos Aires, frente al ultimátum, no llegará a que no la aprueben pero sí que sería imposible lograr la aprobación de la tercera revisión que empieza en junio para que el directorio del Fondo la apruebe en setiembre. Calculan que allí sí tendrían que tener algo cerrado con los acreedores externos, pero que de esta segunda la Argentina zafa. De cualquier manera, técnicamente le es imposible al Fondo Monetario llegar a una aprobación de la revisión antes del 9 de marzo próximo cuando está el vencimiento de 3.100 millones de dólares con el Fondo. Pero no lo consideran grave porque si hay una declaración expresa del Fondo, la Argentina pagaría con reservas sabiendo que se le restituirían luego esos fondos.
En consecuencia, la Argentina jugaría a una nueva postergación de una decisión drástica. El riesgo es la dureza creciente del Fondo y países miembro (63 votaron el 28 de enero contra la Argentina) y que efectivamente el país caiga en default total desde el 9 de marzo. Y lo más grave es que el gobierno actual se tiente de probar «vivir con lo nuestro» o sea en default y descolgado del mundo. De cualquier manera, el gobierno quedó muy impresionado por la cautelar de los galpones de las fuerzas armadas en Maryland, Estados Unidos, que dispuso el juez Michele D. Hotten para que queden a disposición del juez de Nueva York Thomas Griesa que ya dispuso embargos de bienes argentinos y lleva el juicio del Fondo NML. Sólo este fondo reclama u$s 172 millones que en parte tomará de esos galpones. Detrás está el otro fondo buitre del millonario Kenneth Dart que reclama u$s 725 millones en títulos argentinos defaulteados. Hay otros fondos también en el reclamo y se siguen sumando demandantes judiciales en Alemania, Italia y desde ya Estados Unidos. Néstor Kirchner habría insistido anoche en que «la Argentina tiene espaldas y el Fondo no tiene espacio para apretarnos», lo que reforzaría que le gustaría probar el default total. Esta posición poco seria del gobierno argentino se fundamentaría en que la deuda argentina representa 16 por ciento de los créditos del Fondo Monetario. Los analistas siguen considerando un suicidio el default que planea la Argentina.
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