El ARA San Juan y la tentación de que la Justicia resuelva lo que la política no pudo explicar

La ausencia del submarino y de las pruebas complejiza un proceso donde la sociedad demanda condenas. Siguen abiertas las preguntas sobre el origen de la tragedia. El antecedente de Francia.

La Justicia, ante un desafío difícil en el proceso del ARA San Juan

El juicio por el hundimiento del ARA San Juan llega a su tramo decisivo del veredicto con una carga que excede largamente a los cuatro exoficiales de la Armada sentados en el banquillo. Cada vez que una tragedia conmueve a una sociedad aparece una demanda inmediata: alguien debe pagar.

Es una reacción comprensible. Frente a la muerte de 44 marinos, como ocurrió con el hundimiento del ARA San Juan, el dolor de los familiares exige una respuesta del Estado. La política necesita demostrar que actúa. La Justicia recibe la presión de resolver. La opinión pública reclama responsables.

Los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto integrantes del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz deberán decidir si existieron responsabilidades penales individuales. También deberán administrar una tensión permanente en las democracias modernas: la diferencia entre la necesidad política de ofrecer una respuesta frente a una tragedia nacional y la obligación judicial de condenar únicamente cuando las pruebas eliminan cualquier duda razonable.

La política necesita respuestas. La Justicia necesita pruebas.

Después de casi nueve años del hundimiento que terminó con la vida de los 44 tripulantes, ambas demandas vuelven a encontrarse frente a una misma pregunta: ¿es posible reconstruir penalmente una tragedia cuyo momento decisivo continúa siendo un misterio?

Lo que verdaderamente está en juego es si una sociedad democrática acepta que existen tragedias cuyas causas nunca podrán reconstruirse completamente o si, por el contrario, necesita fabricar culpables para aliviar una herida colectiva.

Dos interpretaciones opuestas de una misma tragedia

El proceso oral dejó expuestas dos historias completamente opuestas. Para las querellas, el submarino nunca debió volver a navegar.

La tragedia fue la consecuencia de una cadena de decisiones equivocadas, del deterioro acumulado, de advertencias ignoradas y de una estructura de mantenimiento que terminó naturalizando el riesgo.

El punto más fuerte de esa reconstrucción aparece en la patrulla de julio de 2017, cuando el comandante, capitán de fragata Pedro Fernández, informó el ingreso de agua en el sector de baterías de proa. Según esa visión, aquel informe fue minimizado mientras el único submarino operativo de la Armada seguía navegando pese a llevar 44 meses sin ingresar a dique seco.

La defensa de los exoficiales navales planteó un escenario inverso. Recordó que declararon cerca de noventa especialistas y marinos bajo juramento, que varios excomandantes coincidieron en que las 33 novedades técnicas y las ocho pruebas pendientes no comprometían la seguridad náutica de la unidad y que apenas 72 horas antes de perderse contacto, el ARA San Juan había cumplido exitosamente un complejo ejercicio de guerra con la Flota de Mar.

También insistió sobre un aspecto que suele quedar relegado en el debate público: el capitán Fernández tenía autonomía profesional para decidir si el submarino reunía condiciones para zarpar (materiales y humanas), una responsabilidad inherente al comandante de toda unidad naval ya que tiene contacto directo con el estado real de su buque.

Autonomía que también ejerce sin restricciones en la operación de su buque en el teatro de despliegue, es el pilar del comando de unidad.

El vacío probatorio y el antecedente del caso Minerve

Pero detrás de ambas posiciones aparece un dato incómodo para cualquiera de las dos hipótesis. Nadie sabe con certeza qué ocurrió durante las aproximadamente dos horas que separan la última comunicación del submarino de la implosión registrada en el Atlántico Sur.

Ese vacío es mucho más que una laguna probatoria. Es el centro mismo del caso.

Los tripulantes no alcanzaron a emitir nuevas comunicaciones. No activaron la radiobaliza. No ejecutaron maniobras de emergencia. Todo indica que fueron sorprendidos por un evento de características fulminantes. Sin embargo, nadie puede afirmar científicamente cuál fue ese evento ni reconstruir su secuencia exacta.

El submarino continúa siendo, paradójicamente, el principal testigo silencioso del proceso. Y ese testigo permanece inaccesible.

A diferencia de un accidente aéreo, donde los restos permiten reconstrucciones periciales minuciosas, el ARA San Juan descansa a casi 900 metros de profundidad. No existe un cuerpo del delito susceptible de ser peritado.

Todo el juicio se edificó sobre documentos, antecedentes técnicos, testimonios y reconstrucciones elaboradas a partir de lo que ocurrió antes del hundimiento. Todo ex ante. Es decir, sobre hipótesis que inevitablemente miran hacia atrás sin poder verificar qué sucedió exactamente en el instante decisivo.

No es la primera vez que una democracia enfrenta ese dilema. Francia convivió durante más de medio siglo con el misterio del submarino Minerve, desaparecido en el Mediterráneo en enero de 1968 con sus 52 tripulantes.

Durante décadas coexistieron hipótesis de fallas técnicas, errores humanos, colisiones accidentales nunca comprobadas. Recién en 2019, gracias a tecnologías inexistentes en la época del accidente, fue localizado el casco a más de 2.300 metros de profundidad. La tarea fue cumplida por el buque de exploración Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity, el mismo que un año antes, en noviembre de 2018, permitió encontrar al submarino argentino.

Incluso ese hallazgo no permitió despejar completamente las causas del hundimiento. La comparación no pretende igualar ambos casos.

Pero sí recordar una realidad incómoda: hay tragedias donde la ciencia tarda décadas en acercarse a la verdad, mientras la política exige respuestas inmediatas.

Del expediente judicial al problema político

Desde el mismo momento en que desapareció el ARA San Juan, el expediente dejó de ser exclusivamente judicial. Se convirtió en un problema político para distintos gobiernos, para la conducción de la Armada, para el Ministerio de Defensa y para el propio Estado.

El reclamo de los familiares fue creciendo al ritmo de una investigación que avanzaba lentamente, alimentando una demanda social de justicia que ninguna administración pudo desactivar. Todavía se recuerda la falta de respuestas operativas, una gestión ineficiente de la crisis y cero empatía con familiares de tripulantes por parte del entonces ministro Oscar Aguad, hoy ausente de toda imputación.

En ese contexto, el juicio oral también funciona como una forma de reparación institucional. Pero reparación no necesariamente significa condena.

El desafío del Tribunal: entre la expectativa social y el derecho penal

Ese es probablemente el punto más delicado que enfrentará el Tribunal. Porque toda tragedia genera la necesidad humana de identificar responsables. Sin embargo, el derecho penal no fue concebido para satisfacer esa necesidad emocional sino para establecer responsabilidades individuales demostradas.

Es una diferencia que suele incomodar a la política. La política administra responsabilidades amplias, la Justicia administra culpabilidades concretas. Si el Tribunal concluye que las pruebas permiten establecer responsabilidades penales, la condena será la consecuencia lógica del proceso.

Pero si entiende que persisten dudas insalvables sobre la secuencia causal del hundimiento, también deberá asumir el costo institucional de decirlo, aunque esa decisión resulte frustrante para una parte importante de la sociedad. Al final del proceso, cualquiera sea el fallo, persistirá una realidad imposible de modificar. El mar todavía guarda parte de la respuesta.