El gobierno consiguió hace semanas que el Congreso sancionara una reforma a la ley de lavado de dinero que habilitó a la UIF, organismo de investigación de esos delitos en el sector financiero, a levantar el secreto bancario y bursátil, sin autorización judicial. Fue una medida polémica, pero necesaria ante las presiones mundiales por mayor control en la Argentina. Pero hasta ahora, ese poder se le daba a un directorio de cinco expertos elegidos por concurso. Hoy la Argentina comenzará a dar otro paso que, seguramente, no conformará a esos reclamos del exterior: reemplazará por ley ese directorio de la UIF por un solo miembro designado por el Poder Ejecutivo. En el inicio, incluso, bastará con un mero decreto del Presidente para nombrarlo, aunque el procedimiento luego exija audiencia pública. Así, una sola persona tendrá el poder de reclamarles a bancos, sociedades de Bolsa y hasta los casinos o compañías de seguros datos secretos sobre las finanzas de ciudadanos argentinos. Sólo la AFIP quedó al margen de este poder, quizás el más grande y polémico que se le dé a un funcionario. Hoy el ARI y el radicalismo se opondrán en el recinto de Diputados, pero el oficialismo, como ya es tradición, tiene los votos asegurados.
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