Sin el menor atisbo de rubor, los empresarios de la industria textil agrupados en la Fundación Pro-Tejer reclamaron el cierre de las importaciones de indumentaria, al tiempo que acusaron a la «cadena de comercialización» por las insólitas subas de precios que viene acumulando la indumentaria desde el fin de la convertibilidad.
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Los «reclamos» llegan en un momento en que el gobierno se apresta a avanzar sobre ese sector, responsabilizándolo de buena parte del avance del índice de precios al consumidor registrado en los últimos meses.
El coro de proteccionistas incluyó a lo más granado de los empresarios que, a pesar de contar en su gran mayoría con locales propios a la calle y en los shopping centers, le atribuyeron al comercio la responsabilidad de que en la Argentina las prendas de vestir en dólares están igual o más caras que en Estados Unidos, pero con costos infinitamente más bajos y con un poder adquisitivo que en el mejor de los casos se acerca a un cuarto de lo que se gana en ese país.
La entidad que preside el fabricante de hilado Aldo Karagozian (TN & Platex) organizó ayer su segunda convención anual, a la que los miembros del gobierno ignoraron por razones que aparecen como obvias. Sin embargo, el gobierno copatrocinará una campaña publicitaria cuyo eslogan es «Si para vos la ropa es importante, ni te imaginás lo importante que es para el país». La misma parecería contradecir al secretario de Comercio, Guillermo Moreno: el «controlador de precios» había atacado con dureza a los textiles.
Desde ya, el argumento para reclamar el cierre de las fronteras a prendas importadas es el remanido «proteger los puestos de trabajo creados por la industria», la que -según algunos expositores-«si se liberan las importaciones textiles, se destruirá en un año».
Nuevamente, los empresarios de este sector eligen un mal momento para este argumento: es que aún resuenan los ecos del escándalo de los talleres clandestinos. Siguiendo con este argumento, lo que se «destruiría» es un sistema de semiesclavitud de mano de obra extranjera, compuesta en su mayoría por inmigrantes ilegales.
Algunos de los expositores dijeron también que «el gobierno reclama inversiones, pero no deja que se desarrolle el sector. Hay un grupo empresario nuevo que quiere tomar riesgos pero que debe estar sustentado por políticas de Estado». En otras palabras: además de salarios de sudeste asiático y un tipo de cambio que triplica el de hace un lustro, estos empresarios exigen el fin de la competencia, que el Estado les reserve un coto cerrado para su actividad y que el consumidor no esté en condiciones de elegir qué prenda comprar y -sobre todocuánto pagar por ella. Insólito, desde ya, sobre todo ante la innegable prosperidad que exhiben los empresarios de la cadena de valor textil/indumentaria.
