13 de noviembre 2000 - 00:00

UNA PROPUESTA AUDAZ PARA EL GASTO PÚBLICO. SIN PRECEDENTE

La más audaz de las medidas anunciadas es terminar con las jubilaciones del Estado (ya está dispuesto que salga decreto-ley para evitar un debate agrio donde ningún parlamentario quiere intervenir). Chile cuando hizo su reforma fue drástico: no más en el Estado jubilaciones. Walter Schulthess, secretario de Seguridad Social de Domingo Cavallo, lo formuló pero no se animó, por su efecto político, el gobierno Menem. Ahora se implantará. Inicialmente ahorra poco al Estado, unos 80 millones en el primer año y 700 a partir de 2005. Será, entonces, solución de fondo para el futuro argentino. Se basa en elevar la edad de la jubilación de las mujeres gradualmente a 65 años (se logrará en 2010 pero es aporte en lo inmediato poco efectivo porque ahora el promedio está en 62/63 años aunque será muy importante por el crecimiento de las expectativas de vida). El ahorro importante es eliminar la jubilación mínima (PBU) que el Estado garantizaba a todos los trabajadores, estatales o de AFJP.
La transferencia de Fuerzas Armadas y personal de seguridad a AFJP es más formal que de efecto fiscal. Da todo gran auge a las AFJP, les elimina el riesgo de que las jubilaciones vuelvan al Estado y les flexibilizarán sus modalidades de inversión de sus fondos. Lo importante es la eliminación de la PBU, hoy de 200 pesos. Importante porque, en promedio general, se bajarán 20% las jubilaciones futuras que se cobren.
A las AFJP aportan realmente hoy 3.800.000 aunque hay 8 millones de afiliados. En el Estado hay 2.200.000 afiliados pero aportan 900.000. Esto último es lo que quedaría como «jubilación estatal residual» a cargo de la ANSeS cuya intervención se anunció, sin dar nombre de inter-ventor. Se operaría con cesión a control de privados el combate a la evasión de afiliados.
Mientras llega la solución grande, la de fondo, con las jubilaciones, se exige a los gobernadores que acepten distribuirse lo actualmente fijado en 1.360 millones de dólares por mes durante 5 años (3 de este gobierno y los dos primeros del próximo que surja en el año 2003) cualquiera sea el ingreso que tenga el Estado y cualquiera sea el menor déficit que vaya obteniendo. Esto implica congelar el gasto actual para las provincias también durante 5 años.
Otras medidas, por caso, reducción en el Impuesto a las Ganancias de cuotas hipotecarias son pequeños aportes a la reactivación. Lo es también, pero como incentivo a invertir pidiendo plata a los bancos, que se tienda a suprimir gradualmente hasta julio de 2002, los impuestos a los intereses que pagan las empresas, que ya comenzó a aplicarse.
Todo esto origina una ardua discusión política con puntos de no retroceso: debe ser el acuerdo por 5 años y firmado entre el gobierno nacional y los gobernadores, o sea todo el poder político en la Argentina actual.

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