Una reforma agraria encubierta

Era previsible. Precios internacionales por las nubes -una nueva burbuja- han despertado en todo tiempo la codicia de gobernantes, siempre necesitados de caja -léase de poder-. Si de efectividades conducentes se trata, sumar de un plumazo u$s 1.400 millones a la Bolsa es un argumento más que suficiente. Suficiente, claro, en un país en el que los poderes del Estado no se preocupan ya en defender a los ciudadanos de tales exacciones y arbitrariedades porque han sido docilizados -precisamente- por la todopoderosa caja política.

La sumisión no es exclusiva a jueces o legisladores. Los argentinos, en su amplia mayoría, han sido sometidos por la billetera y no invocan sus derechos; se avinieron a la ley de la selva que -como siempre- la dicta el león. Ya se los ve enredándose nuevamente en discusiones sobre si los márgenes «toleran o no» el nuevo zarpazo del rey.

Las nuevas alícuotas significan una virtual estatización de la producción agrícola. Y por cierto que el aporte del agro no se agota en las retenciones: luego de que le saquen 44,1% -sólo por ahora- sobre sus ventas de soja, deberá pagar Impuesto a las Ganancias, impuesto a los Ingresos Brutos, impuesto al cheque, y una parte sustantiva del IVA, que por diseño no puede descargar. Digamos que algo más de 80% de lo que facturó... ¿ A quién le importa la jurisprudencia de la Corte Suprema, que estableció en 33% el «tope más allá del cual estaría comprometida la garantía del artículo 17 de la Constitución?

Debe sumarse a la lista la tasa de gasoil que el campo paga por los 4.800 millones de litros anuales que consume y que subsidian al transporte urbano y suburbano y a los camioneros. Transportistas que, según denuncian las estaciones de servicio, revenden al campo con notable sobreprecio la mitad del gasoil subsidiado que reciben.

En esta nueva reforma agraria, el progresismo no viene por el campo -por la tierra-sino por la renta que el campo produce. Como hemos dicho e insistido, los productores rurales cargan con la tragedia de ser productivos en un país prebendario. Nada más productivo en la Argentina que el sector agropecuario; nada más parasitario que quienes viven del poder estatal. Nada nuevo bajo el sol.

Lo que sí sorprende es la osadía de presentar el despojo como un avance hacia una mayor seguridad jurídica. Con caras sonrientes, ministro y secretario nos informan que la noticia merece festejarse. Es que en esta perinola productivista, unos llevan siempre y otros no dejan de poner.

Rentabilidad

A la cultura prebendaria se añade una cosmovisión autoritaria, que concede a los Kirchner, a los Fernández, a los De Vido y a los Moreno, derecho y capacidad para decidir cuáles son los niveles de rentabilidad «adecuados» o « tolerables» y quiénes merecen ganar más y quiénes menos. ¿Somos acaso dueños del producto de nuestro trabajo si desde un despacho oficial pueden fijar el valor al que debemos transferirlo? En ese marco, el hombre pasa a trabajar bajo un régimen de concesión y deja de actuar como legítimo propietario con pleno ejercicio de la libertad de comerciar.

El núbil ministro ha hecho, pues, sus deberes: la dura labor de los chacareros asegurará que príncipes y cortesanos continúen viviendo sin atribulaciones de la mágica caja política.

Nada es gratis

Se puede meter mano a gusto en la economía; sólo hay que hacerse cargo de las consecuencias. Y si bien la suba de las retenciones poco tiene que ver -como quiere venderse-con el combate a la inflación, el latrocinio acarreará inevitables pesares a la actividad.

Queda ante todo claro que este modelo económico puede llamárselo de cualquier modo menos productivo. Pues no sólo castiga la producción sino que lo hace particularmente en los sectores más productivos y eficientes. A los chacareros, por caso, más les valdría especular en la compra y venta de sus insumos -los fertilizantes han duplicado su valor esta temporada-que labrar sus tierras. O dedicarse a la especulación financiera, arbitrando bonos públicos desvalorizados por una inflación tramposa contra bonos también públicos ajustados por un PBI tramposamente inflado (34 % de renta directa en 14 meses).

El aumento de los derechos castiga especialmente a los propietarios de los campos antes que a los arrendatarios y grandes empresas de siembra que acostumbran pactar los alquileres en quintales de soja. Y será particularmente gravoso para los chacareros de las zonas marginales.

Cierto es también que la actividad da señales de no tener el vigor que la mentira estadística le atribuye. Es que el subestimar la suba de precios tiene como obligado correlato la sobreestimación de las cantidades producidas en la economía.

Ya desde julio comenzaron a meter mano en los indicadores de la actividad manufacturera para disimular las consecuencias del faltante de energía. Desde ese mismo mes, las estadísticas de supermercados y shopping vienen sufriendo manipulaciones que minimizan la suba de precios en esos locales e inflan consiguientemente el crecimientos de las ventas. Nuestra estimación sobre la evolución real de las ventas físicas de los supermercados en enero arroja un aumento de 6,8% interanual, en lugar de 25% anunciado.

Impuestos y costos

La correspondiente a los centros de compra está en un rango de entre 0,5% de caída y un aumento de 1,1% interanual. Es obvio que los incrementos en la presión tributaria -que llegan a ser brutales en el campo, que es precisamente el sector de la economía que más invierte-y el aumento en los costos laborales y en los aportes a las AFJP (de 7% a 11%), junto a la incipiente recomposición tarifaria, restarán fuerza a la demanda del sector privado. Tampoco es menos cierto que todo este creciente enjambre de retenciones y compensaciones dejan en el más estridente ridículo nuestros reclamos contra los subsidios agrícolas en la Unión Europea y Estados Unidos. Y, peor aún, inoculan en el sector más competitivo de nuestra economía el virus de la dependencia del Estado y la consiguiente tentación por el lobbysmo prebendario, actividad predilecta -y no poco rentable-de la burguesía kirchnerista.