Ya hay 21 acuerdos con privatizadas. Restan 25

Lentamente, el gobierno avanza en la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas. Puede mostrar que hubo 21 entendimientos, pero analizando en profundidad se llega a que hay un largo camino por delante y que lo hecho es aún poco. Primero porque restan 25 contratos por renegociar. Segundo, pero no menos importante es el hecho de que muchos de esos 21 acuerdos firmados se hicieron bajo el esquema de acuerdos «transitorios». Es decir que se vuelve a caer en el clásico vicio de poner parches a la situación, postergando la solución definitiva del problema. Se da el caso, además, de que ninguno de los acuerdos «transitorios» se puso en práctica. A tres años y medio de la salida de la convertibilidad, el tema sigue lejos de estar completamente solucionado.

El gobierno ya concretó entendimientos con 21 privatizadas, sobre 46 contratos por renegociar según la ley de emergencia pública, y del total original de 62 hay que restar Correo Argentino y el Ferrocarril San Martín, cuyas concesiones se rescindieron, 13 concesiones viales que se relicitaron, y la terminal de ómnibus de Retiro, que quedó excluida.

Sin embargo, por ahora ningún acuerdo está vigente, porque el Poder Ejecutivo todavía no dictó los decretos para aquellos casos en que ya obtuvo luz verde del Congreso: Edelap, Autopista del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y terminales portuarias.

El primer caso implica aumento en la electricidad para industrias y comercios en La Plata y alrededores, en los accesos a Buenos Aires una suba de 15% en el peaje, y con puertos se sienta un precedente para la dolarización de la tarifa por el movimiento internacional de mercaderías o personas.

• Significado

No obstante, el gobierno forzó las situaciones para llegar a la reunión del Fondo Monetario que se celebrará hoy con acuerdos clave por su valor simbólico: así, el viernes la unidad de renegociación firmó el acta de entendimiento con Edesur, cuya controlante, la española Endesa, estaba entre las empresas más duras al momento de negociar con la administración de Néstor Kirchner.

El convenio con Edesur tiene además otro significado: el gobierno puede decir que encauzó la relación con todas las privatizadas de electricidad. Esto incluye a las generadoras que aceptaron a fin de año pasado un ajuste gradual en el precio mayorista de la energía y, con resistencias, terminaron cediendo la deuda (por electricidad consumida e impaga debido al congelamiento de las tarifas), por acciones en dos nuevas centrales a gas por instalarse en el Litoral.

Asimismo, todas las eléctricas de transporte ya pasaron por audiencia pública luego de firmar acuerdos transitorios con el gobierno ( Transener, Transba, Distrocuyo, Transco, Transnea). De las tres distribuidoras de jurisdicción nacional sólo falta sellar el convenio con Edenor, pero éste está sujeto a la transferencia de parte de las acciones de Electricité de France al grupo Dolphin de Marcelo Mindlin, quien ya afirmó que está conforme con el ofrecimiento oficial (como en Edesur: suba de 15% en la tarifa promedio, a partir de noviembre excluyendo residenciales).

De lo que falta, lo que tiene más trascendencia internacional porque los controlantes son extranjeros, son las 11 empresas que transportan y distribuyen gas y Aguas Argentinas. Con algunas de las gasíferas hubo audiencia pública para tratar la propuesta oficial pero todavía no se llegó a acuerdo. Con Aguas Argentinas, el gobierno elevó una «última» propuesta la semana pasada al grupo francés Suez, pero después desmintió el hecho, cuando trascendió que se aprobaría un ajuste de tarifas de 40% entre fines de este año y junio de 2006.

• Criterio oficial

Los accionistas de estas privatizadas son, además, los que impulsan las mayores demandas ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial. En el mismo grupo en cuanto al juicio están Telefónica y Telecom, pero en este caso las conversaciones con la Uniren no comenzaron, porque forman parte del último bloque a renegociar. Según el criterio oficial, las telefónicas están teniendo altos ingresos en nuestro país por la mayor actividad económica y el crecimiento espectacular de la telefonía celular, y por eso no es urgente renegociar.

Las privatizadas con las que todavía no se llegó a algún tipo de acuerdo incluyen a las concesionarias de trenes urbanos: Metrovias, Trenes de Buenos Aires, Ferrovías y Metropolitano, y los ferrocarriles de cargas Buenos Aires al Pacífico y Mesopotámico. En tanto, ya hubo entendimiento tratado en audiencia pública con Nuevo Central Argentino y Ferrosur (este último, en trámite demorado en el Congreso por la venta de Loma Negra, accionista mayoritario, al grupo brasileño Camargo Correa). En los próximos días se hará el debate por Ferroexpreso Pampeano.

En los accesos a Buenos Aires ya quedaron aprobados por el Congreso los acuerdos para Autopistas del Sol y Acceso del Oeste, hubo hace pocos días audiencia para la autopista Ezeiza-Cañuelas, y falta firmar un entendimiento con Coviares (autopista Buenos Aires-La Plata).

En lo que se refiere a las rutas nacionales con peaje, hay convenios parciales entre la Uniren y las empresas Caminos del Valle (ya tuvo audiencia) y Caminos del Río Uruguay. Con las restantes concesiones de rutas (13 en la lista original de 62 contratos por renegociar), el gobierno optó por volver a licitar en octubre de 2003. Desde esa fecha, siguen pendientes reclamos cruzados con el Estado nacional, que están todavía bajo análisis.

Por último, falta contar los contratos de Aeropuertos Argentina 2000 e Hidrovía. En el primer caso, el concesionario está pagando el canon según el contrato renegociado en los últimos días de la administración de Eduardo Duhalde, aunque ese instrumento fue anulado por el actual gobierno. En el caso de Hidrovía, en marzo se prorrogó la renegociación por un año. Con ese acto además quedó en vigencia la tarifa de 1,65 dólar por tonelada, dispuesta por Duhalde, y el compromiso de continuar el dragado del río Paraná.