Yoma: pactó con gremialistas

Jorge Yoma negoció con el camionero Hugo Moyano y la frepasista Alicia Castro el artículo testimonial que votaron los senadores peronistas con la intención de suprimir el recorte salarial de 12% a los sueldos de estatales y «devolverlo gradualmente» en el Presupuesto 2001.

El autor de la moción -que José Luis Machinea calificó de «demagógica»- sumó también a los gremialistas Carlos Sueiro (Aduana) y Andrés Rodríguez (UPCN) a la ronda de consultas que derivó en esta cláusula poco seria que, por haber sido impuesta por simple mayoría, podrá ser desabaratada en Diputados la se-mana entrante. Si bien la Castro prometió dar la esperada batalla, no estará sola: en los últimos días, la peronista Graciela Caamaño, esposa de Luis Barrionuevo, trajinó los pasillos de la Cámara Alta para arengar a la propia tropa en ese sentido.

Yoma fue muy resistido en su propio bloque, apenas comenzó a imaginar la forma de desbaratar el cercenamiento a empleados públicos. José Luis Gioja y compañía le exigían que buscara una fórmula para compensar $ 600 millones de ese ajuste y no generar déficit, antes de avanzar hacia el precipicio.

Presentación

Para empezar, el riojano trató de convencerlos de que, en realidad, el tijeretazo sólo trepa a algo más de $ 400 millones, ya que el corte tiene «vips» y no rige para agentes judiciales, de universidades nacionales y del Congreso.

Ayer al mediodía, Yoma presentó el increíble plan que testeó con Moyano, «Centauro» Rodríguez y los demás a Carlos Verna, responsable de la comisión de Presupuesto y Hacienda. El pampeano le dio el OK inmediato, cuando escuchó que se trataba de restituir los salarios podados en el Presupuesto 2001, a partir del «ahorro» de servicios no personales (gastos reservados, viáticos, etcétera) y de gastos de funcionamiento de organismos oficiales. Se podría hacer, entonces, una recomposición gradual desde los haberes de $ 1.000 en adelante, a medida que lo permitan esos «ahorros», pensó Yoma.

A la reducción de gastos que permitirá «cubrir» la baja salarial, le puso fecha 30 de abril, de manera tal que los gremios tengan un arma de presión sobre el jefe de Gabinete, responsable de ponerla en práctica.

A la hora del debate en el recinto, lo acompañaron todos los justicialistas y hasta un radical, el chubutense José María Sáez, que se atrevió a saltar el cerco que tendió el miembro informante del oficialismo, su comprovinciano Juan Carlos Altuna. Trataron de bajarle la mano a Sáez, en el momento de votar, pero no hubo caso.

No fue el único presente que Yoma le hizo a los sindicalistas. Les redujo $ 47 millones -de acuerdo con cálculos propios-de la comisión que cobra la AFIP por la recaudación de aportes. Una buena noticia para las «castigadas» obras sociales. La falta de consenso deja también abierta la posibilidad de modificarlo en la cámara de origen, el martes que viene, desde las 10.