A los ocupas no los sacan, pero los censan

El juez Armella quiere conocer quiénes ocupan desde hace casi dos semanas el predio de Soldati para acelerar la reubicación de los habitantes de la ribera del Riachuelo.

La Justicia le demandó al Estado nacional identificar a los ocupantes del complejo habitacional de Villa Soldati que permanecen en el lugar desde hace casi dos semanas. El juez federal de Quilmes Luis Armella aclaró que la tarea deberá incluir información acerca de si los ocupantes perciben planes sociales o están incorporados en un plan de viviendas. El Gobierno nacional había resuelto a fin de año que los responsables de la toma de predios quedarían excluidos de los planes de vivienda social.

El magistrado dio a conocer ayer al menos su quinta resolución consecutiva en la que les exige a los gobiernos nacional y porteño el desalojo del complejo habitacional. La semana pasada había ordenado la realización de un censo entre los ocupantes, pero ayer fue más allá y dispuso la identificación, en un plazo de tres días, a cargo de los «más altos responsables de las áreas de desarrollo social del Estado nacional» en la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).

Plazo

En concreto, les ordenó que en un plazo de tres días «presenten un informe claro y conciso a los fines de identificar a las personas que se encuentran dentro del complejo habitacional del predio» de Lafuente y Castañares, e informar si «cuentan con algún beneficio social, si han sido inscriptas o censadas anteriormente para algún otro plan de vivienda».

También le exigió al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, exponer acerca de los predios adonde serán relocalizados los habitantes de la ribera del Riachuelo, de modo tal de «evitar el intrusamiento de los futuros complejos habitacionales. Y demandó al presidente de Acumar, Juan José Mussi, y a Rodríguez Larreta realizar «en forma inmediata la asignación de las viviendas» en esos predios.

La ocupación del complejo por parte de un centenar de personas ocasionó un nuevo choque entre las administraciones de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal y la Metropolitana permanecían ayer en la custodia del lugar, aunque ninguna había recibido todavía la orden de desalojar repetida en numerosas ocasiones por el juez Armella.

Mauricio Macri volvió a cuestionar la posición del Ejecutivo nacional y lamentó que «trate a la Ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes como ciudadanos de segunda», al afirmar que sus funcionarios, «siendo responsables de la seguridad, no se quieran hacer cargo» de desocupar las viviendas instru-sadas.

A juicio de Macri, la Nación «sigue mandando un mensaje que genera más violencia, porque permitir que grupos minoritarios ejerciendo la violencia ocupen y usurpen predios que no les pertenecen, sean públicos o privados, significa decir que la ley no vale nada y que cada uno puede hacer lo que le parezca».

El fallo del juez de Quilmes reiteró a los funcionarios involucrados que el hecho de no atender sus órdenes «los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones en la responsabilidad que les correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento a una orden judicial» y que serán pasibles de multas.