Aceptan que Cristina sea querellante en caso R. Federal

Abogado de la vicepresidenta pidió que se indague sobre el financiamiento del grupo.

Cristina de Kirchner fue aceptada como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.

El abogado José Manuel Ubeira, que representa a la vicepresidenta, pidió que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro de Finanzas del Gobierno de Cambiemos Luis Caputo “no son una casualidad”.

“Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den”, señaló Ubeira.

La presentación para que la vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada por Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos abogados que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel .

Los abogados quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título “¿Hay que pudrirla?”.

La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla “pasar a la historia”.

Ubeira señaló que el “objetivo es ir hacia donde las pruebas nos lleven y encontramos que hay nueve millones de pesos para esa organización que están dando vuelta y no tienen relación con nada”.

Pedofilia

En otro sentido, la Justicia imputó a Sabag Montiel de pedofilia.

El hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta fue intimado ayer por la Justicia porteña por haber distribuido y tenido en su poder con fines de distribución imágenes y videos con contenido de explotación sexual infantil de menores de 13 años. Le encontraron más de un centenar de fotos y videos de abusos infantiles.

La intimación le fue leída por la titular de la Unidad Fiscal porteña Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, informaron fuentes judiciales que detallaron que fue por la tenencia con fines de distribución de 119 archivos de imagen y videos y la distribución de 3 videos, todos de niños y niñas menores de 13 años.

La causa se inició luego de que se detectaran en el celular de Sabag Montiel, secuestrado en el marco de la causa por el intento de magnicidio, fotografías y videos con contenido sexual que involucraban a menores de edad.