Acorrala a Lula pelea de indios y productores

Todavía rige la ley de la selva en Raposa Terra do Sol, una enorme reserva indígena en el estado de Roraima, en el norte de Brasil. Es que el miércoles último, por segunda vez en seis meses, el Supremo Tribunal Federal (STF) dejó en suspenso el fallo sobre la demarcación de esta reserva. La pelea es, obvio, por la propiedad de la tierra, que enfrenta a los 19.000 indios que la habitan, con empresarios y campesinos arroceros. El pronunciamiento de la Corte sobre Raposa, pospuesto para comienzos de 2009, será el caso testigo que definirá el futuro de otras 144 reservas indígenas con causas similares en la Justicia.
En realidad, lo de las reservas es algo relativamente nuevo en Brasil. Las primeras nacieron en 1988, junto con la Constitución que hoy está en vigencia. Llegan a cerca de 600 y ocupan 109,6 millones de hectáreas. Traducido: 13% del territorio brasileño. En cuanto a Raposa, con 1,7 millón de hectáreas sobre la frontera con Venezuela y Guayana, fue creada en 1998 durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, y homologada en 2005 durante la de Luiz Inácio Lula da Silva. Pero dos senadores por Roraima objetaron su demarcación «continua e indivisible». Propusieron, en cambio, una segmentada en «islas» para permitir explotaciones agropecuarias y mineras en la zona. Esta es la discusión que fue a parar a la instancia más alta en la Justicia.
El estado de Roraima, aliado ahora con los arroceros, pide la demarcación segmentada. El argumento es simple: la figura jurídica de reserva indígena no permite la explotación comercial de las tierras por parte de «no-indígenas», como son los arroceros y mineros. Por lo tanto, si Raposa es demarcada como un bloque indivisible, estos 300 agricultores y empresarios, que se establecieron calladamente en los últimos 15 años, deberán irse. Y con ellos, cerca de 20% de la economía de Roraima, el estado con el PBI más pequeño de Brasil (47% de su territorio pertenece a 32 reservas indígenas). También sectores políticos conservadores y parte del Ejército brasileño abogan por la «segmentación»: dicen que «entregar a los indios la custodia de 500 km de frontera es atentar contra la soberanía nacional».
El Estado federal brasileño y hasta ahora ocho de los once jueces del STF defienden a capa y espada no sólo la constitucionalidad sino la legalidad de Raposa como bloque «continuo e indivisible».
«La presencia de los indios no implica la ausencia del Estado», dicen en el Supremo Tribunal. Además, para llevar tranquilidad a los sectores conservadores, los ocho jueces que ya se pronunciaron por la demarcación continua, avalaron la aplicación de 18 restricciones o salvaguardas a la Ley de Reservas Indígenas. Entre ellas, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y la Policía Federal puedan actuar dentro de las reservas.
El Gobierno federal intentó expulsar a los arroceros en mayo. Pero la resistencia violenta de ellos lo obligó a detener la evacuación. Por su parte, las cinco etnias (yamomani, macuxi, uapixana, ingaricó y turepango) que habitan las sierras y selva amazónica de Raposa cuentan con el apoyo adicional de ONG, en su mayoría europeas. Habría cerca de mil de estas organizaciones religiosas, científicas e indigenistas trabajando en la reserva. Pero también, algunas otras con objetivos menos altruistas: como las que estarían lucrando en 38 áreas de explotación diamantífera y aurífera detectadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Algo que, sin duda, contribuye a que en Raposa Terra do Sol todavía prevalezca la ley de la selva.